Va a comenzar el desarrollo del juicio oral del proceso en el que se está analizando el Caso Nóos. Transcurridos unos meses desde la finalización de la instrucción, habrá que ver como se desenvuelven los acusados en la fase en la que se va a decidir definitivamente quiénes han intervenido en la ejecución de delitos como autores o partícipes y cuál es la responsabilidad de cada uno, que lleva a pensar, directamente, en la sanción que se le va a imponer a cada uno. Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón son acusados en el asunto y, si se prueba su intervención en las conductas delictivas realizadas, podrían ser condenados.

 

Resulta necesario destacar que los abogados de Cristina de Borbón han estado utilizando y continuarán empleando los elementos de la doctrina Botín como herramienta para defender que Cristina de Borbón no debe ser acusada en el proceso. Esos elementos se pueden deducir del caso en el que Emilio Botín no fue condenado por la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, que señala que se puede impedir, en un proceso que se está desarrollando por el procedimiento abreviado, a la acción popular solicitar la apertura del juicio por sí y contra lo solicitado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, basándose en una restrictiva interpretación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, posteriormente, se dictó la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008, que estableció la doctrina Atutxa al indicar que “Tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público” y que “En definitiva, satisfecho el interés público en la persecución del delito y expresada formalmente en el proceso la voluntad del perjudicado de no instar la apertura del juicio oral, el proceso penal se apartaría de sus principios fundamentadores si, pese a todo, sometiera a enjuiciamiento, a exclusiva petición de la acusación popular, a quien ni el Fiscal ni la víctima consideran merecedor de soportar la pretensión punitiva”.

La acción popular tiene un carácter esencial en el ordenamiento jurídico procesal español. La Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007 dice que “Aunque la acción popular no sea un elemento esencial de la noción de Estado Democrático de Derecho, lo cierto es que la participación ciudadana en la administración de justicia mediante la acción popular es una manifestación del principio democrático y debe ser entendida como un medio funcional para garantizar esa participación de los ciudadanos en el proceso penal”. Sin embargo, es un hecho que se ha intentado restringir su empleo cuando ha sido posible, aprovechando la deficiente regulación de la acción popular en lo que a los límites de su ejercicio se refiere, que provoca inseguridad jurídica.


El juez José Castro construyó, de un modo coherente, la argumentación jurídica del auto de conclusión del sumario del Caso Nóos. En su resolución, detalla los aspectos concretos relativos a Cristina de Borbón y justifica la ausencia de presupuestos que harían aplicable la doctrina Botín, argumentando, con el apoyo de trabajos de Enrique Gimbernat, que el delito fiscal no afecta a un bien jurídico individual, lo cual sirve para aceptar que, con el ejercicio de la acción popular, se pueda iniciar la fase del juicio oral.

El Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y los abogados de Cristina de Borbón confían en la aplicación de la doctrina Botín y los abogados que están dirigiendo la acción popular piensan que se terminará aplicando. Grandes juristas que han comentado el caso han dado respuestas opuestas sobre el asunto, siendo cierto que hay diversos opiniones sobre las diferencias y las similitudes existentes entre el Caso Nóos y el Caso Botín.

Con independencia de lo que suceda finalmente, puede decirse que el proceso penal por el Caso Nóos pasará a la historia del Derecho español por su importancia y por los fundamentos jurídicos que se puedan emplear para justificar lo que suceda finalmente en relación con Cristina de Borbón. La decisión que se adopte por la Audiencia Provincial de Palma será polémica, pues cualquiera de las dos posturas provocará declaraciones e intervenciones altamente contundentes.

Es cierto que destaca en este caso que no se esté hablando de la inocencia o de la culpabilidad de Cristina de Borbón, ya que se está pensando más en los impedimentos procesales que pueden llegar a evitar que se acuse a la hermana del Rey Felipe VI. Ese es uno de los problemas que generan las formalidades jurisdiccionales, que deben concurrir con plenitud, aunque muchas veces no están correctamente reguladas y provoquen inseguridad jurídica y dificultades para que los jueces y tribunales puedan desarrollar sus labores.