Cuenta José Díaz Herrera, en la pág. 406 de su libro, «El varón castrado» (Planeta), que un 6 de septiembre de 2005, Mª Teresa Fernández de la Vega –educada en los Jesuitas, a día de hoy Presidenta del Consejo de Estado–, Vicepresidenta del Gobierno entre los años 2004 y 2010, recibió un escrito a manos del feminismo radical que le exigía una reunión urgente con el propósito de que se elaborase una ley que declarase que «afirmar que las mujeres hacen denuncias falsas fuese un delito de apología del terrorismo sexista».

Sin duda, aquellas que se vieron en la confianza de solicitar tal disparate a la Sra. de la Vega y proponerle una quema de herejes, pretendían blindar la joya de la corona, la sacrosanta «denuncia». Pero como la verdad siempre termina por aparecer, porque tiene las patitas muy cortas, sería la Sra. Carmona, Presidenta del Observatorio la Violencia de Género, quien, años más tarde, concretamente un viernes 4 de abril de 2014, en el Diario de Sevilla, noticia de EFE (Madrid), daría a conocer los entresijos de cómo funciona el negocio de género, poniendo al desnudo la Industria de Género y desenmascarando la probabilidad de existencia de denuncias instrumentales, al dejar caer, se supone que inconscientemente: «La denuncia es la única manera de hacer que la máquina funcione».

Nuestro Código Penal contempla en su art.456 el delito de acusación y denuncia falsa: «Aquellos que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputen a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave; pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave, y pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve».

Por otro lado, el art. 458 del Código Penal tipifica el delito de falso testimonio: «El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado».

Dejando a un lado el estigma social que conlleva toda denuncia falsa, soslayando incluso la injusta y dolorosa privación de libertad que puede acarrear, una denuncia falsa produce estragos en la relación padre-hijos, dado que la ausencia de la figura paterna durante años es, por lo común, aprovechada para inocular el Síndrome de Alienación Parental (SAP) en los hijos y de este modo cortocircuitar los lazos afectivos que estos venían manteniendo hacia su progenitor. De ahí que, en muchos casos, la absolución del falsamente denunciado no garantiza que pueda recobrar una relación normalizada con sus hijos, bien porque estos estén fuertemente adoctrinados vía SAP, bien porque la Fiscalía y el Equipo Psicosocial formen un frente común antipadre, como habitualmente sucede.

El Mundo (Europa PRESS), a fecha 14/11/2014, se hacía eco de un padre sevillano que llevaba «once años» sin poder ver a sus hijos por una «denuncia falsa» de violación.En octubre de 2009, el citado padre fue absuelto de los cargos de «malos tratos y agresión sexual» por el Tribunal Supremo, a raíz de una denuncia falsa fechada años atrás, en 2003.

Pese a haberse demostrado su inocencia, pese a que la Audiencia Nacional le reconoció en 2013 una indemnización de 50.000€ por «mal funcionamiento» de la Administración de Justicia, sigue privado de ver a sus dos hijos debido a que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Dos Hermanas (Sevilla), con la común unión entre «Fiscalía» y «Equipo Psicosocial», ha considerado durante los últimos años que sería «perjudicial» para los menores contactar con su padre, ni siquiera en un «punto de encuentro».

Ante un caso tan doloroso de privación y obstaculización de los derechos de padre e hijos, bien pudiera este señor emplear esos 50.000€ de indemnización en reclamar responsabilidades tanto a la Fiscalía como al Equipo Psicosocial por praxis profesional irregular. Porque las denuncias falsas, delitos denunciables y perseguibles hasta la última instancia judicial –Tribunal Supremo en España–, vienen siendo amparadas por un variado elenco de profesionales diversos, los mismos que intervienen en cualquier procedimiento penal, los mismos que viven de la rueda del maltrato y a los que no interesa que esta se detenga. Contra estos, pues, también es preciso ir sin vacilación alguna.

 

José R. Barrios