En el Hospital Clínico de Málaga ocurrió un evento bastante lamentable que, desgraciadamente, no resulta extraño. Una enfermera, que había sido contratada para desarrollar labores de vigilancia en guardias alternas hasta el día 15 de agosto de este año, se quedó completamente sola atendiendo en planta a 36 pacientes, estando algunos en una situación crítica y siendo cierto que uno llegó a fallecer. Las consecuencias más directas del suceso fueron el ataque de ansiedad que sufrió la profesional sanitaria y la renuncia a su puesto de trabajo por sentirse incapaz para continuar trabajando en una situación tan lamentable.

 

La enfermera ha sido sancionada por el Servicio Andaluz de Sanidad. Por este hecho, no podrá volver a trabajar en un centro sanitario público andaluz durante 60 días, aunque no parece que el dato preocupe a la chica, que reconoció haber sufrido los efectos de una excesiva presión.

 

Una gran parte de los recortes en materia social se deben al Parlamento estatal y a las actuaciones desarrolladas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, es cierto que las deficiencias existentes en el sistema sanitario se debe, fundamentalmente, a la pobre labor de las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias en materia sanitaria conforme al artículo 41 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que está relacionado con el artículo 148 de la Constitución Española.

 

Los objetivos sanitarios deben dirigirse al tratamiento de los enfermos. No puede permitirse la creación de un círculo vicioso por el que los profesionales sanitarios terminen requiriendo atención médica por la ansiedad ocasionada por los servicios que prestaron anteriormente.

Sería más lógico que se le concedieran a los hospitales más medios personales y materiales para poder satisfacer necesidades clínicas esenciales que constituyen el núcleo de un importante servicio público. El problema es que los dirigentes autonómicos prefieren, en la mayoría de los casos, restringir las posibilidades sanitarias, sacrificando, para evitar reducciones del gasto público que beneficie a sus familiares, amigos y aliados, mientras indican que la causa se haya en las medidas impuestas por el Gobierno estatal.

 

Los dirigentes públicos, desgraciadamente, solo se acuerdan de los enfermos cuando conviene para impulsar luchas políticas frente a los rivales. El día que se invierta esa tendencia, los servicios públicos sanitarios podrán comenzar a mejorar verdaderamente.