La Industria de Género, iniciada allá en tiempos de Felipe González, llega a nuestros días convertida en una auténtica administración paralela que canaliza los fondos europeos y parte del presupuesto nacional para destinarlo en fomentar la desigualdad en nombre de la igualdad, un fraude de millones y millones de euros que campa a sus anchas sin control de ninguna naturaleza, ni auditoría que valga, aupando al Gobierno de la nación a sus ideólogos y, nunca mejor dicho, sostenedoras. 

www.actuall.com(19/05/2016)

Para canalizar tantos miles de millones de euros se fue montando una compleja red de chiringuitos de género, sedes ministeriales paralelas que con el paso de los años irían adquiriendo gran protagonismo a la par que poder decisorio en propuestas de futuras modificaciones de la jurisprudencia civil y penal en un mismo sentido. A la par, y a mayor escala, a la postre, altas cargas del Estado ocuparían puestos de mando geoestratégico en los Ministerios de Vicepresidencia, Igualdad, Políticas Sociales… desde donde dirigir el curso de la guerra, como también debían mostrar en todo momento su inquebrantable adhesión a la Obra, un ministerio de vida y fe.

Actuall (19/05/2016), en una noticia de la mano de Nicolás de Cárdenas, daba la voz de alarma sobre una red de asociaciones que ostentaban el monopolio de la «Industria de los malos tratos».  Según la Asociación Erich Fromm –prosigue Actuall–, la red de organizaciones feministas españolas debe ser investigada por su funcionamiento opaco, su vinculación al PSOE y por haber recibido ingentes cantidades de dinero de órganos de las que ellas mismas son asesoras.

Estas organizaciones nutren su actividad con miles de millones de euros procedentes de la Unión Europea,«caudal económico que se canaliza, ¡ojo!, en base al número de denuncias presentadas, con independencia de que éstas acaben en condena o no». Y, el dato no es baladí, el 87% de ellas no acaba en condena. A juicio de la Asociación Erich Fromm, existe un importante número de organizaciones vinculadas al PSOE y a su sindicato, la Unión General de Trabajadores, que  «responden a un principio de coordinación y especialización al estar interrelacionadas en multitud de acciones y programas subvencionados, articulando un grupo organizado con distribución de funciones y criterios de especialización».

Entre estas organizaciones, por citar tan sólo algunas, se encuentran la Fundacion Mujeres, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO), la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y su Centro de Atención Reinserción y Rehabilitación de Mujeres Maltratadas (CARRMM).

En 2004, cuando ponen en práctica la LIVG, el Gobierno de Zapatero definió las áreas de actuación en el llamado Plan estratégico de la Ley Contra la Violencia de Género. De manera que tales organizaciones forman parte de una suerte de estructura espejo que controla miles de millones de euros en subvenciones.

José R. Barrios