El Gobierno del PP y el grupo parlamentario de Ciudadanos han acordado dedicar 500 millones de euros del erario público para lo que llaman “complementos salariales”, destinados a trabajadores jóvenes con salarios más reducidos. Además, plantean obtener estos recursos de los fondos que la Comisión Europea transfiere a nuestro país en el marco del programa “Garantía Juvenil”, cuyo objetivo es mejorar la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los más jóvenes.

No es una buena idea. Por tres razones, al menos. El primer error es recurrente en la regulación del mercado laboral por parte de la derecha española, porque limita sus políticas activas de empleo a subvencionar a los empresarios contratantes, bien con reducciones en las cotizaciones sociales, bien con rebajas fiscales o bien con ayudas casi directas como las que se plantean con estos complementos.

Pero es que estas políticas de subvención no funcionan, porque está comprobado que un empresario no contrata a un joven tan solo ni fundamentalmente en razón a lo barato que le resulte su salario. Le contratará, en primer lugar, si le necesita. Y le contratará, en segundo lugar, si el joven referido cuenta con la formación y las habilidades que le son útiles en su empresa.

El segundo error es grave. Porque esta medida premia precisamente a los empleadores más cicateros, a aquellos que pagan salarios más bajos a sus trabajadores jóvenes. Incluso se incentivan los acuerdos espurios para rebajar el salario a aportar por la empresa a fin de obtener la compensación pública. Resulta injusto sufragar con dinero público el salario que no está dispuesto a pagar el empresario que se está beneficiando del esfuerzo del trabajador joven.

Y el tercer error tiene que ver con el fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos precisamente con los recursos que Europa destina a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españoles. Porque estos fondos que nos envía la Comisión Europea no tienen como objeto ahorrar a unos cuantos empleadores los salarios que debieran salir de sus empresas, sino invertir los recursos que el Gobierno español regatea para que nuestros jóvenes mejoren sus capacidades y habilidades de cara a su integración en el mercado laboral.

La derecha española está haciendo el camino que los conservadores británicos en el Gobierno ya están desandando, en virtud de su experiencia. Una de las últimas medidas del Primer Ministro Camerón antes de su dimisión fue precisamente la de elevar el salario mínimo para reducir la factura desmesurada y abusiva que el erario público del Reino Unido estaba pagando en materia de complementos salariales. Iban ya por encima de los 7.000 millones de libras anuales, y los resultados no estaban siendo eficaces en modo alguno.

En algo tienen razón los autores de esta propuesta. Las políticas activas de empleo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la integración laboral de los jóvenes, llevan mucho tiempo fracasando en nuestro país. De hecho, el Tribunal de Cuentas europeo acaba de denunciar en un informe muy duro que el Estado español está resultando el más ineficiente en la aplicación de los fondos destinados a garantizar un contrato laboral o una acción formativa a los jóvenes menores de 25 años.

Los fondos europeos deben asignarse a políticas eficaces para la mejora de la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los jóvenes, y no a premiar con recursos públicos a aquellos empleadores menos dispuestos a pagar salarios justos a los trabajadores más vulnerables de nuestro país.