Así lo declaran en la siguiente Nota de Prensa:

La tensión política en Cataluña está llegando a situaciones insoportables e impensables en una sociedad democrática; la sociedad está separándose en base a su ideología política.

Esta ideología política está separando familias, amistades e incluso sociedades. Los miembros de la Guardia Civil destinados en esta zona no son ajenos a esta situación política, los cuales sufren en silencio y en el día a día las situaciones que tal tensión política está creando.

Desde el referéndum ilegal del 01 de octubre hasta la fecha, los miembros de la Guardia Civil destinados o comisionados en Cataluña sufren un acoso y presión enormes y que nadie hace eco de esta situación.

Muchos miembros de la Guardia Civil se han visto obligados a trasladar a sus hijos y familias a otras regiones del territorio español o cambiarlos de colegios públicos a colegios privados con el consecuente e importante gasto económico, al observar como sus hijos sufrían acoso escolar por parte de los responsables de su propia educación con total impunidad, todo ello por el simple hecho de ser hijos de Guardia Civiles.

Numerosas esposas de guardias civiles se han visto obligadas a dejar sus puestos de trabajo y marcharse con sus hijos a otras regiones y, las que no han tomado tal decisión, en ocasiones han tenido que abandonar sus puestos de trabajo por el acoso recibido, y simplemente no encuentran trabajo una vez que se conoce la profesión de sus esposos.

Los guardias civiles durante años viviendo en esta región, han visto como sus amistades tanto personales como familiares, mantienen ciertas distancias en sus relaciones sociales en presencia de personas con ideologías políticas diferentes por el simple hecho de su profesión, lo que afecta considerablemente a su conciliación familiar.

Algunos compañeros, incluso han visto como sus vehículos son blancos de las ideologías políticas, siendo dañados considerablemente. Los propios compañeros de profesión pertenecientes al Cuerpo de Mossos de Esquadra, intentan no mantener relación con los miembros de la guardia civil y los Mossos que si lo hacen son señalados por sus propios compañeros e incluso acosados por los mandos de estos.

Por otro lado, el sueldo de un guardia civil destinado en Cataluña ronda los 1400 euros, todo ello sin mencionar el pago de colegios privados de sus hijos ante la imposibilidad de que los mismos puedan estudiar en centros públicos, por el acoso y adoctrinamiento político que sufren en los mismos.

Si a ello se le añade el pago de alquileres que en muchas ocasiones son engrosados por los propios arrendatarios por el simple hecho de ser el inquilino miembro de la Guardia Civil, sumado a que en muchos casos sus parejas no obtienen trabajo o lo pierden cuando se conoce la profesión de su marido, hace que los miembros de la Guardia Civil destinados en Cataluña estén en una situación clara de abandono de las Instituciones Públicas.

Así mismo, los responsables de la Institución de la Guardia Civil en la zona de Cataluña ponen todo tipo de trabas para que los guardias civiles no abandonen sus destinos, aún de forma temporal, siendo informados negativamente las solicitudes de los guardias civiles para su asistencia a cursos de perfeccionamiento o comisiones, lo que imposibilita y dificulta su formación profesional si están destinados en esta Zona de Cataluña en desigualdad con otros miembros de la Guardia Civil de otras Zonas del territorio español.

Dichas circunstancias están creando un quebranto a las relaciones sociales, personales, familiares y profesionales de nuestros compañeros destinados en Cataluña, viéndose obligados a solicitar destino en otras regiones del territorio español. IGC (Independientes de la Guardia Civil), Asociación de miembros de la Guardia Civil que persigue que nuestros compañeros puedan disfrutar de una estabilidad personal, familiar y profesional, ve como una posible solución ante las dificultades anteriormente expuestas, que el Gobierno estipulase una partida económica para los miembros de la Guardia Civil destinados en Cataluña, similar a la recibida por los miembros de la Guardia Civil destinados en el País Vasco, así como, la acumulación de tiempos de servicio en esta zona como derecho preferente para adquirir plazas en otras zonas del territorio español o un aumento del crédito de vacaciones anuales como medidas que compensen de alguna forma las penalidades sufridas tanto ellos como sus familias.