El pasado día 21 de marzo se hizo pública la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 5344-2013, que declara inconstitucional el artículo 102 bis 2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que señalaba que “Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva”. La resolución termina diciendo que “Nuestro fallo ha de declarar, por tanto, la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del art. 102 bis.2 LJCA, debiendo precisarse que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio art. 102 bis.2 LJCA”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2016 ha tenido una fuerte repercusión. Muchos la han interpretado de modo que se puede considerar que se impone un control jurisdiccional sobre el desarrollo de la labor de los letrados de la Administración de Justicia, aunque esta afirmación no es exacta

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2016 ha tenido una fuerte repercusión. Muchos la han interpretado de modo que se puede considerar que se impone un control jurisdiccional sobre el desarrollo de la labor de los letrados de la Administración de Justicia, aunque esta afirmación no es exacta.

El tema, desde una perspectiva técnica, tiene una gran complejidad, pero puede analizarse de forma superficial y atendiendo a los principales aspectos jurídicos. La cuestión más importante de la Sentencia del Tribunal Constitucional es la que se indica al señalar que “El problema que se plantea en la presente cuestión interna reside, justamente, en que no es descartable la eventualidad de que existan supuestos en los que la decisión del Letrado de la Administración de Justicia excluida por el legislador del recurso de revisión ante el Juez o Tribunal (párrafo primero del art. 102 bis.2 LJCA) concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso, que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a Jueces y Magistrados (art. 117.3 CE), a quienes compete dispensar la tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza el art. 24.1 CE”. Es cierto que el ejercicio de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los jueces y magistrados y que solo ellos pueden desarrollar competencias jurisdiccionales, pero no hay que olvidar que pueden existir casos en los que haya duda sobre el contenido de las actuaciones procesales, de modo que no es fácil determinar, en muchos casos, qué competencias deben ser del juez y cuáles deben ser del letrado de la Administración de Justicia.

Hay que decir que se ha originado un fuerte debate por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2016, ya que hay defensores de la postura del órgano constitucional, pero también hay detractores. Los primeros indican que lo indicado por el Tribunal Constitucional debe respetarse y los segundos señalan que la resolución del Tribunal Constitucional se ha plasmado sin tener presente la realidad existente desde las reformas procesales del año 2009 y sin pensar las consecuencias que pueden derivarse de su contenido, ya que los letrados de la Administración de Justicia desarrollan labores de gestión siguiendo las directrices de los jueces y el establecimiento de la revisión de la labor de los letrados solo puede servir para provocar dilaciones procesales.

La resolución del Tribunal Constitucional implica el comienzo de una serie de preguntas que habrá que ir resolviendo en todos los órdenes jurisdiccionales. El correcto desarrollo de los procesos y el adecuado ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos depende de la buena resolución de las cuestiones que se refieren a las labores de los letrados de la Administración de Justicia.