El nacionalismo catalán ha empañado injustamente la imagen y la reputación de España. Que sigue siendo una democracia abierta e inclusiva, obligada a defenderse de los excesos y mentiras de los líderes independentistas.
 
Una de las experiencias más amargas para el ciudadano español en los últimos años ha sido ver cómo la reputación democrática de España fue desafiada durante la crisis causada por el nacionalismo catalán en octubre de 2017. Una crisis que es el más inútil de Occidente, y cuyos únicos culpables son algunas élites tribales frívolas y vanas que han fingido creer, como desafortunadamente es común en estos tiempos de dialéctica populista, que su voluntad era la Ley. Creían que podían actuar no solo fuera de toda la ciudadanía española, sino también ignorando a la mitad de los ciudadanos catalanes que no comparten sus planes de separarse de España.
 
Recordemos, en beneficio del lector belga, ciertos hechos que son necesarios para formar una opinión sin ideas preconcebidas. La Constitución de 1978 convirtió a España en un estado de derecho social y democrático. Esta Constitución fue aprobada en referéndum por un 90,5% de los catalanes en edad de votar que votaron (con una participación del 68%, ligeramente por encima de la media española). Dos de los siete juristas que redactaron esta Constitución eran catalanes. Cataluña ha votado en 50 elecciones diferentes desde 1975. Ha enviado más diputados al Parlamento español que la región de Madrid. Ha habido más de 70 ministros catalanes desde 1918. En este momento, los dos presidentes de las dos cámaras parlamentarias en España, el Congreso de los Diputados y el Senado, son catalanes.
 
La Constitución ha dibujado un estado descentralizado, con amplia autonomía para estas "regiones y nacionalidades históricas". Como resultado, Cataluña disfruta de un alto grado de autonomía política en áreas como la salud y la educación. Con el País Vasco, es la única comunidad autónoma que tiene su propia fuerza policial. Todos los gobiernos españoles, tanto de derecha como de izquierda, han ampliado, a través del diálogo con los partidos catalanes, el grado de autogobierno dentro del marco constitucional. Gracias a todo esto, Cataluña es hoy una de las regiones más prósperas de Europa. Dos ejemplos: el estado español apoyó y financió la apuesta exitosa para celebrar los Juegos Olímpicos en Barcelona; y Cataluña es ahora la única comunidad autónoma que ve a sus cuatro capitales provinciales formar parte de la red ferroviaria de alta velocidad.
 
A lo largo de su historia, ha prevalecido un sentido de doble identidad en Cataluña: una identidad catalana y española a la vez. El nacionalismo catalán siempre ha tratado de reducir los lazos de pertenencia a España a través de sofocantes campañas de manipulación, también utilizando la intimidación. En los últimos tiempos, las dos quejas falsas más citadas son el supuesto maltrato del idioma y la economía catalana. Ninguno de los cargos está confirmado por los hechos. España es uno de los países signatarios de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias; La Constitución defiende y protege la lengua catalana. Nunca ha habido tantos catalanes como hoy. Por el momento, en la escuela pública de Cataluña, el catalán es la única lengua de escolarización. En lo que respecta a la economía, no es cierto que Cataluña esté haciendo una contribución anormal al sistema fiscal español o que sufra un déficit de infraestructura. A pesar de esto, la independencia catalana no ha dudado en utilizar lemas demagógicos en su campaña, como "España nos roba" o "España subsidiada vive gracias a la Cataluña productiva". Llegaron a mostrar carteles con niños harapientos, supuestamente procedentes del sur de España, diciendo que viven de los impuestos de la clase media en Cataluña.
 
La historia de Cataluña en España es la historia de un éxito que comienza a salir mal cuando, bajo el liderazgo de Carles Puigdemont, desata una carrera ilegal hacia la independencia contra más de la mitad de la sociedad. Esta ruptura se consumió los días 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando, en una sesión que solo puede describirse como un golpe parlamentario, el independentismo, sin tener la mayoría necesaria de dos tercios, derogó su propio Estatuto de Autonomía y aprueba, a pesar de la Constitución, las leyes de la nueva República. Lo siguiente es conocido por todos. El Tribunal Constitucional español ha suspendido estas leyes. La razón de principio es simple: la soberanía pertenece a todo el pueblo español. Nadie posee solo una parte del país, y nadie puede fragmentar el bien común para eliminar algo de eso. A pesar de eso, el gobierno catalán continuó su carrera, organizando, contra el mandato judicial, el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Ante la inacción de la Generalitat para evitar su detención, la policía española se vio obligada a actuar bajo el mandato de un juez, no del gobierno, en circunstancias muy difíciles, para garantizar el cumplimiento de la ley. Fue un día muy difícil. Pero terminó con solo tres personas en el hospital. La cifra de casi 900 heridos que se ha mencionado es un producto puro de la propaganda de la Generalitat. Muchas imágenes que circulan en este día son falsas.
 
La decisión judicial que se anunció recientemente es el resultado de estos eventos. En su intento de ganar simpatía por su causa, el nacionalismo catalán otorga a los convictos la condición de presos políticos. Es falso. Ningún político ha sido juzgado por sus ideas. Todos los días, los líderes independentistas se expresan libremente en los medios. Incluso el presidente Torra, el sucesor de Puigdemont, es autor de docenas de artículos xenófobos contra los españoles. Por otro lado, la condena judicial se debe a la perpetración de delitos que están codificados en la legislación española y que existen, bajo el mismo nombre u otros, en la legislación de las democracias más grandes. Ninguna organización de derechos humanos (como Amnistía Internacional o Human Rights Watch) considera a estas personas como presos políticos o presos de conciencia.
 
Una democracia que teme aplicar su Código Penal no podría sobrevivir. España es una democracia equipada con los instrumentos apropiados, legales y de garantía de derechos, para garantizar el respeto de la ley, favorecer el diálogo en la legalidad, superar esta crisis y seguir siendo, para Europa y para el mundo, un ejemplo de una sociedad abierta e inclusiva, una sociedad unida en su diversidad.