Si ya había serias dudas sobre la imparcialidad y experiencia historiográfica de este tipo de Comisionados que están aflorando como setas en multitud de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas españolas a golpe de subvención, dietas, consenso y propaganda, su naturaleza jurídica ha sido recientemente definida por la Justicia madrileña como “órgano político”.

 

En una intachable resolución y en el marco de un procedimiento judicial contra la retirada de la calle “Paseo de Muñoz Grandes” de Madrid a instancias del abogado Guillermo Rocafort; calle que data de 1926, y por lo tanto previa al marco de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica (1936-1975), un Juez de lo Contencioso Administrativo, cansado de los recursos y triquiñuelas procesales del Ayuntamiento de Madrid, ha dictado un auto de fecha 21 de diciembre de 2018 que pasará a los Anales de la claridad judicial.

 

Se trata de un auto, no sólo con rango de firmeza, sino que además conlleva una condena en costas hacia el propio Ayuntamiento de Madrid, algo que también resulta llamativo del hastío causado en la Justicia. Por un lado, reprocha que ninguno de “los pretendidos testigos” solicitados por el Ayuntamiento de Madrid en la fase probatoria, esto es, los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica, participara o tuviera conocimiento directo de los hechos sobre los que va a declarar, algo que en el caso de cinco de los siete miembros (un jurista, un escritor, una filósofa, una arquitecta y un sacerdote), expresamente citados en la resolución, es aún todavía más significativo.

 

El auto establece que la prueba solicitada por el Ayuntamiento no se ha propuesto ni practicado en la forma establecida por la Ley, pretendiendo confundir la prueba pericial con la testifical, con el objeto de crear nuevas pruebas al margen de los establecido normativamente. La puntilla al funcionamiento actual que está teniendo el Comisionado viene cuando la resolución judicial evidencia la ausencia de “condición de expertos” por parte de la mayoría de los miembros del Comisionado, negándoles este “status” por el simple hecho de ser nombrados a tal efecto por los partidos políticos, que es lo que sucedió en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

 

La realidad es que hasta ahora, en los distintos juicios a los que han acudido “los expertos” del Comisionado a vistas públicas en procedimientos judiciales por la retirada de los nombres de las calles, sólo lo han hecho los dos historiadores (Octavio Ruiz Manjón – miembro del Comisionado a propuesta del PP - y José Alvarez Junco – a propuesta del PSOE) y el escritor novelista (Andrés García Trapiello – a propuesta de Ciudadanos), mientras que el resto de miembros, a pesar de haber sido propuestos y convocados, nunca han ido a responder las preguntas ante el Juez, lo que evidenciaría su falta de preparación al respecto y su presencia sin contenido ni sustancia en el mencionado Comisionado político.

 

Es evidente que el nombramiento de expertos en Memoria Histórica por los partidos políticos no es la forma más apropiada de aportar luz y verdad sobre el controvertido asunto de los nombres de las calles y marca la necesidad de dejar este asunto a un debate historiográfico alejado de intereses políticos pues de lo contrario su encaje después en los procedimientos judiciales acaba chirriando como amerita esta resolución.

 

Esta resolución acredita que todo el entramado memorialístico de los partidos políticos representativos en la Capital no ha tenido la base jurídica y procesal necesaria para llevar a cabo con las debidas garantías sus intenciones revisionistas y es por ello que, ya no sólo por las sentencias desestimatorias habidas hasta el momento sobre el fondo de la cuestión, sino también por medio de este auto demoledor, queda certificada la incompatibilidad del Comisionado actual y su funcionamiento con una Justicia independiente y sujeta a criterios objetivos establecidos por las normas procedimentales en la fase probatoria.