En teoría, los arquitectos honoríficos no cobran y han sido elegidos sin pasar por ningún tipo de proceso de selección, que en una Administración pública debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. La simbiosis es perfecta, pero no deja de ser ilegal, señala Jabonero. El arquitecto gana un gran cliente, como es un ayuntamiento, y este se garantiza a un arquitecto sometido que firmará todos aquellos informes técnicos que le pida si quiere mantener su privilegio. 

¿De dónde vienen los beneficios de un arquitecto honorífico? Al no cobrar un salario fijo del consistorio y tener además su propio estudio, suele percibir una liquidación municipal por redactar proyectos o dirigir obras encargadas por el propio ayuntamiento. Sin olvidar que suelen recibir más encargos particulares basados en la creencia de que las licencias urbanísticas tendrán una tramitación más ágil al ser redactadas por el arquitecto que hace las funciones de funcionario municipal.

 
 

La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid decidió el pasado mes de noviembre elevar al juzgado una denuncia contra el Ayuntamiento de Robledo de Chavela (3.900 vecinos) por encargar sus trabajos urbanísticos a un arquitecto que no tiene la plaza. La denuncia está dirigida contra el alcalde (un independiente), contra el concejal de Urbanismo, contra el propio arquitecto y contra "todas las autoridades municipales o funcionarios competentes en materia urbanística que hayan de identificarse", a los que acusa de los delitos de prevaricación urbanística continuada, contra la ordenación del territorio y usurpación de funciones públicas.

La Fiscalía ha decidido abrir así todo un melón jurídico. Y es que son muchos los municipios madrileños (y en toda España) que no cuentan con arquitecto municipal y sustituyen esta figura con un arquitecto de confianza, bautizado como 'honorífico', que se encarga de tramitar todas las licencias de ese ayuntamiento, es decir, que se dedica a ejercer potestades públicas que están reservadas a los funcionarios. "Hay varios consistorios denunciados":

 Fuenlabrada, Coslada, Humanes, Alpedrete, Griñón, Torres de la Alameda, El Molar, Villa del Prado, Torrejón de la Calzada, Guadalix de la Sierra, Fuente El Saz, Cobeña, Chinchón, Pedrezuela, Campo Real, Robledo de Chavela, Cenicientos, Navas del Rey, Valdilecha, Cadalso de los Vidrios, Aldea del Fresno, Pelayos de la Presa, La Cabrera, Los Santos de la Humosa, Fuentideña del Tajo, Bustarviejo, Rascafría, Chapinería, Carabaña, El Vellón, Zarzalejo, Estremera, Villanueva de Perales, Belmonte del Tajo, Fresno de Torote, Orusco de Tajuña, Villamantilla, Valdemanco, Anchuelo, Titulcia, Torremocha del Jarama, Lozoyuela, Santorcaz, Valdelaguna, Valdarecete, Cabanillas de la Sierra, Puentes Viejas, Lozoya del Valle, Ribatejeda, Valdepiélagos, Ambite, Patones, Brea del Tajo, Valverde de Alcalá, Canencia, Garganta, Rozas de Puerto Real, Gargantilla, Olmeda de las Fuentes, Montejo, Redueña, Alameda del Valle, Villavieja de Lozoya, Piñuecar, Braojos de la Sierra, Navarredonda, Gascones, Robledillo de la Jara, La Serna del Monte, Somosierra, El Atazar, Puebla de la Sierra, La Hiruera, la Acebeda, Madarcos y Horcajo de la Sierra.