Excelentísimo Alcalde: No es nuestra intención presentar aquí un análisis técnico-jurídico de litigios cuya resolución y última decisión se encuentran en sede judicial, debiendo quedar ambas fuera de cualquier debate ideológico por ser ajenas a la justicia contencioso administrativa y sólo competer a los Tribunales de Justicia, conscientes de que no es este el momento ni lugar para hacerlo.

 

Nos dirigimos a Vd., para poner en su conocimiento, breve y didácticamente, la situación jurídica de algunos de los rótulos de 52 vías públicas de esta Ciudad, cuyo gobierno consistorial anterior, con patente sectarismo, notorio resentimiento y ostensible revanchismo -que en nada favorece la convivencia y solo consigue avivar diferencias- ha cambiado con una indiscutible e incuestionable finalidad electoral y de forma arbitraria y partidista, por no ser importante para la ciudadanía, ni servir de forma neutral a los intereses generales y únicamente obedecer a razones ideológicas y de proselitismo político.

 

La anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el acuerdo de fecha 4 de mayo de 2017 para cambiar la denominación de determinadas calles, plazas y travesías sustituyéndolas por otras siguiendo la propuesta y el informe emitido por el Comisionado de la Memoria Histórica -presidido por doña Francisca Sauquillo- de descarado y probado sesgo ideológico, creado “ad hoc” para esta finalidad por el gobierno del anterior Consistorio y carente de todo rigor histórico al estar subordinado a intereses políticos y cuyo eje nuclear se articula en una permanente y obsesiva animadversión hacia todo lo relacionado con el bando vencedor de la contienda civil ocurrida en España entre 1936 y 1939 y que no responde, de ninguna manera, al pluralismo político real aunque así se haya intentado “disfrazar”, siendo suficiente con conocer a los miembros de esa Comisión para comprobar lo acabado de exponer.

 

Resulta patente y meridiano que lo pretendido por el anterior consistorio fue un “ajuste histórico de cuentas” y un desquite contra una parte de los españoles que va en contra del espíritu y la letra de la Ley 52/2007 y de su Exposición de Motivos -dice textualmente: “el espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora”- puesto que no ayuda a la reconciliación ni respeta el pluralismo político que esta Ley exige y preconiza.

 

El objeto de la ley es reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron, de ambos bandos, persecución y violencia por razón ideológicas, políticas o religiosas, estando incluidas todas las posiciones políticas que integraban el amplio abanico político y social de los dos contendientes y no únicamente las de una sola facción; sin embargo se hace un abuso de esta ley, de forma intransigente, maniquea e intolerante, al pretender borrar por motivos ideológicos, todo lo relativo a un solo bando y de un período de la Historia de España, guste o no guste, con sus luces y con sus sombras y prueba de ello es que existen en la ciudad de Madrid dos estatuas, una en memoria y recuerdo de Francisco Largo Caballero -de infausta evocación por ser un mentor de la Revolución de Asturias en 1934 contra la entonces República vigente- y otra en honor de Indalecio Prieto, que también participó y compró armas para aquella, y cuya escolta personal intervino en el asesinato del jefe de la oposición José CalvoSotelo, así como la calle Rafael Alberti, poeta de obra reconocida, pero que fue uno de los responsables de la publicación “El Mono Azul” donde él y los otros miembros del denominado Comité de Depuración mantenían una columna llamada “A paseo”, en la que se señalaba el nombre de los intelectuales que debían, conforme a su criterio, ser “depurados” -entiéndase asesinados- por su carácter de contrarrevolucionarios, según ellos. Dicho esto, exponemos brevemente los hechos objetivos procedimentales:

 

Se interpone y presenta recurso contencioso-administrativo el 8 de julio de 2017 contra el Acuerdo de 4 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se cambia la denominación de determinadas calles, plazas y travesía de la ciudad de Madrid en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre habiéndose dictado en fecha 30 de julio de 2018 sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N2 23 de Madrid en cuyo fallo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la FNFF. Y como consecuencia de ese fallo se estima el recurso en lo que se refiere a las siguientes denominaciones de calles: 

-General Millán Astray

- Hermanos García Noblejas.

-General Asensio Cabanillas.

-Caídos de la División Azul,

-Cirilo Martín Martín.

- El Algabeño.

Adicionalmente se estima el recurso en relación con las dos siguientes denominaciones:

-Comandante Zorita.

- Paseo del Doctor Vallejo-Nájera

 

Se desestima el recurso en todo lo demás y se confirman los actos impugnados. Contra esta sentencia se interpuso por esta Fundación, Recurso de Apelación el 21 de septiembre de 2018 ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando, entre otras cosas, que se estimara en su totalidad nuestra demanda y que se revocara solo y únicamente en la parte que se desestimó la sentencia acabada de señalar. Igualmente, el Ayuntamiento de Madrid, interpuso Recurso de Apelación el 14 de agosto de 2018 contra esta misma sentencia en la que solicitaba que se dictara fallo estimando íntegramente la apelación parcial y, en consecuencia, anulando o revocando la sentencia de la instancia recurrida en los extremos apelados, y declarando que el acto administrativo íntegro recurrido era conforme a derecho.

 

Sin embargo lo expuesto y razonado -y tal es la cuestión esencial que nos obliga a esta carta- no se ha cumplido por parte del anterior gobierno municipal con las resoluciones judiciales a cuyo cumplimiento está obligado.

Efectivamente: Respecto a la Calle General Millán Astray: hay sentencia con N. 170/2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo N 7 de Madrid de fecha 31/5/2018 anulando la supresión del nombre de esta calle. No obstante el fallo, en esa calle constan los rótulos “Calle Maestra Justa Freire”, incumpliendo, sin razón ni justificación, con lo ordenado por sentencia judicial. 

Respecto a la Calle Hermanos García Noblejas: hay sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo N 24 de Madrid de fecha 21/5/2018 anulando la supresión del nombre de esta calle. Como en el caso anterior, y a pesar de lo fallado en sede judicial, en esa calle los rótulos mantienen la denominación: “Avenida de la Institución Libre de Enseñanza”. De nuevo se incumple con los mandatos judiciales. Respecto a la Calle El Algabeño: hay sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo N 5 que anula la supresión del nombre de esta calle y en contra de lo ordenado por tal sentencia, en los rótulos de esa calle consta “Calle José Rizal” incumpliendo una vez más lo dispuesto en sentencia judicial.

Se produce otro incumplimiento respecto a la Calle Comandante Zorita: en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo N 24 de Madrid de fecha de 30 de junio de 2018 se estima nuestro recurso y admite el que se mantenga la denominación de esta calle, y a pesar de ello esa calle está rotulada con la denominación “Aviador Zorita”.

Y lo mismo ocurre con el Paseo del Doctor Vallejo-Nájera: en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo N 24 de Madrid de fecha de 30 de junio de 2018 se estima nuestro recurso y admite el que se mantenga la denominación de esta calle porque entiende que la exclusión no está debidamente justificada y aun así en los rótulos de esa calle consta “Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas”.

 

Además de todo ello, sobre el resto de las demás vías públicas -un total de 44- en las que el Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid apreció motivos para su cambio y sustitución, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid regido por Doña Manuela Carmena, sin esperar a un pronunciamiento judicial, ha procedido a cambiar el nombre de las calles de esas 44 vías públicas, con el consiguiente gasto pues ha de tenerse en cuenta que lo acordado no afecta a la sencilla retirada y sustitución -ya de por sí un dispendio- de un rótulo sino que va más allá pues concierne también, sin duda negativamente, a todos los actos que se derivan de dicho cambio, como son los registros públicos y privados, planos, Google maps, contratos, páginas web, documentos oficiales y privados, el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, trámites en la Agencia Tributaria y hacer gestiones en el Catastro, en el Registro de la Propiedad, tributos municipales, el 181, la tasa de vehículos, impuesto de basuras, el pago de vados, contratos de suministros, etc, etc...

 

Todo lo expuesto acredita la objetividad de las razones que nos asisten, y por ello nos parece justo y legítimo rogarle que realice las gestiones necesarias y oportunas para que con la mayor celeridad posible se cumplan las resoluciones judiciales que no admiten el cambio de denominación de algunas calles de esta ciudad así como que se repongan los nombres de las otras 44 calles restantes que, sin haber aún pronunciamiento sobre el fondo del asunto, fueron sustituidas de manera abusiva, improcedente y sectaria, así como que ordene a los letrados del Ayuntamiento de Madrid -que obedecían órdenes de la anterior alcaldesa y su grupo político- a desistir de los recursos interpuestos.

 

De igual manera entendemos oportuno y ajustado que se proceda a la retirada de las estatuas erigidas, una en honor de Francisco Largo Caballero ubicada en el Paseo de la Habana y otra en memoria de Indalecio Prieto levantada en los Nuevos Ministerios, por ser exaltadoras de un alzamiento contra la República entonces vigente al tratarse de personajes que participaron y destacaron en la sublevación y posterior Huelga Revolucionaria de Asturias de 1934 que obligó a declarar el estado de guerra en Asturias y por haber sido instrumentos relevantes y activos durante la represión que se produjo contra la población que ellos creían desafecta a su facción por parte del gobierno del Frente Popular al que ambos pertenecían, en las fechas posteriores al 18 de julio de 1936 siendo ello motivo y conducta exaltadora de acciones represivas subsumibles en el artículo 15 de la ley 52/2007 de 26 de diciembre. Aprovecho la ocasión para saludarle muy cordialmente y quedo a su disposición para llevar a cabo cualquier aclaración que pudiera necesitar. Fdo.: Juan Chicharro Ortega Presidente Ejecutiv