El 14 de abril de 1931 tuvo lugar en España un golpe de estado revolucionario que, en contra de todo el ordenamiento legal vigente, cambió la forma del Estado, derrocó al gobierno constituido y dio paso a un nuevo régimen completamente ilegal. Con la excusa de que en unas elecciones municipales celebradas dos días antes, el 12 de abril, en 41 de las capitales de provincia y en unos cuantos pueblos grandes los partidos marxistas y republicanos de izquierdas habían obtenido más concejales que los republicanos conservadores y los monárquicos, la izquierda dio por hecho que se trataba de un plebiscito en contra de la monarquía, echó a las masas a la calle y antes siquiera de haber finalizado el recuento obligó a exiliarse al rey Alfonso XIII –del que por cierto no tengo nada bueno que decir– y proclamó la República. Todo lo que vino después hasta el 18 de julio de 1936, manchado por esta escandalosa ilegalidad de origen, fue rotundamente ilegítimo.

Como es indudable que la situación de España en abril de 1931 era catastrófica, después de cinco reinados calamitosos –empezando por Carlos IV y terminando por el propio Alfonso XIII, sin contar con las trágicas anécdotas de José Bonaparte, Amadeo de Saboya y la efímera Primera República– las personas de orden y el Ejército aceptaron la situación sobrevenida (salvo un tímido intento del general Sanjurjo en agosto de 1932), con la esperanza de que el nuevo régimen republicano trajera más prosperidad y orden que el que se podía esperar de un reinado agotado, a pesar que desde el mismo instante de la proclamación de la República ya empezaron los desmanes (asesinatos, saqueos, quema de iglesias y conventos, etc), si bien con una intensidad bastante menor que lo que vendría después.

En junio de 1931 se convocó un simulacro de elecciones para elegir a unas Cortes constituyentes que ganaron las izquierdas, como no podía ser de otra forma en aquel ambiente de crispación revolucionaria, y se redactó una nueva constitución, aprobada en diciembre de ese año, que fue papel mojado, pues previamente (octubre de 1931) se había aprobado una “Ley de Defensa de la República” que dotaba de plenos poderes al gobierno para limitar o anular libertades individuales reconocidas por la Constitución, y cuando inmediatamente después de aprobar ésta tomó el poder una coalición de republicanos de izquierdas y socialistas presidida por Azaña siguieron disponiendo de los poderes otorgados por dicha ley para hacer y, sobre todo, deshacer a su antojo.

En noviembre 1933 se convocaron de nuevo elecciones generales, que ganaron con suficiente mayoría los partidos conservadores (la CEDA de Gil-Robles y los radicales de Lerroux) y formaron gobierno. Las izquierdas, con el PSOE a la cabeza (entonces ya liderado por el bolchevique Largo Caballero), al perder el gobierno y el control de las Cortes, haciendo gala de sus convicciones “democráticas” (sic) e ignorando el resultado de los comicios, decidieron continuar gobernando desde la calle, con las masas, para lo que convocaron una “huelga general revolucionaria” el 5 de octubre de 1934, verdadera tentativa de golpe de estado encubierto conocido como “Revolución de Octubre, que fracasó en toda España gracias a la contundente reacción del gobierno, excepto en Asturias, pero que sirvió para conocer lo que esperaba al pueblo español si volvían a gobernar los marxistas: nuevos asesinatos, depredaciones, saqueos, intentos de “colectivización”, incendios, violaciones, torturas y martirios como anticipo de lo que ocurriría después elevados a su enésima potencia, a partir de febrero de 1936. Este segundo golpe de estado (frustrado) dejó más de 1.300 muertos, varios miles de heridos y cerca de 30.000 detenidos.

En febrero 1936 se convocaron otra vez elecciones generales a las que ya se presentaron agrupadas en el infausto “Frente Popular” las fuerzas marxistas, anarquistas, independentistas y republicanas de izquierdas, todos los “anti España”, pagados y dirigidos ya sin pudor por la Unión Soviética, fuerzas que desde el momento de la convocatoria empezaron a preparar el “pucherazo”: por un lado con lo que llamaron “acción directa”, que no era otra cosa que la creación de un ambiente de violencia y extorsión que retrajese de presentarse a numerosos candidatos y de votar libremente a los no afectos a la causa revolucionaria y, por otro lado, tomando el control (por las buenas o por las malas) de los órganos públicos responsables del recuento para, si todo lo anterior fallaba, amañar a su favor los resultados. Ese día 6 de febrero de 1936, cuando acudió a votar solo la tercera parte del censo electoral, tuvo lugar un inmenso fraude electoral (amenazas y agresiones en los colegios electorales, rotura de urnas, falsificación de actas, anulación injustificada de las elecciones en varias provincias, inhabilitación infundada de candidatos conservadores electos, etc), el mayor de la historia de España (hasta la fecha), y gracias a él, prácticamente sin terminar el escrutinio, se forzó la dimisión del Jefe de Gobierno (Portela) y el entonces Presidente de la República, Alcalá-Zamora (cesado arbitrariamente dos meses después, en abril de ese año, y sustituido por Azaña), encargó la formación de gobierno al Frente Popular en la persona de Azaña. Tercer (y último) golpe de estado.

Así pues, a partir de febrero de 1936, España se encontraba con un gobierno inconstitucional, y por tanto totalmente ilegítimo, nacido del fraude electoral ya descrito, dentro de un Estado, la Segunda República, también plenamente ilegítimo por ser el resultado del golpe de estado de febrero de 1931.

La actuación de ese gobierno usurpador fue terrorífica. Solo cinco días después del golpe, y sin tener capacidad para ello, otorgó una amnistía a todos los condenados por delitos cometidos desde la proclamación de la República, incluidos los responsables de la Revolución de Octubre; obligó a los patronos a readmitir a todos los despedidos, incluyendo (en bastantes casos) a los asesinos de sus propios familiares; se anularon todas las disposiciones del gobierno conservador anterior encaminadas a sofocar la rebelión de Cataluña; puso en marcha expropiaciones ilegales y repartos de tierra entre los afectos al Frente Popular y se anularon sentencias firmes de los Tribunales. Por si todo eso no fuera prueba suficiente de que España se encaminaba hacia el caos, hacia una república socialista totalitaria manejada desde Moscú, en los días inmediatamente posteriores a esas fraudulentas elecciones comenzó una orgía de sangre, violencia, robos, requisas, incendios, atropellos de todo tipo y cualesquiera desmanes que se puedan imaginar. Entre febrero y el junio de 1936 se asaltaron o se incendiaron más de 500 iglesias, establecimientos públicos y centros políticos conservadores; hubo más de 60 huelgas, 11 de ellas generales; 170 motines de todo tipo; más de 100 tiroteos o colocación de bombas caseras o petardos; más de 250 muertos y más de 1.000 heridos en toda España, todo ello minimizado o justificado desde la tribuna de las Cortes por los diputados rojos, que se permitían amenazar de muerte a los diputados conservadores, amenaza que, como es bien sabido, se cumplió en el caso de D. José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, secuestrado en su casa y vilmente asesinado por la espalda por agentes de la autoridad (Guardias de Asalto) mezclados con conocidos socialistas.

Por si eso fuera poco, desde el mismo momento de la proclamación de la República española, en 1931, el gobierno de la Generalidad de Cataluña se declaró en rebeldía, proclamando la “República Catalana” (sic), lo que el gobierno provisional de la República y los sucesivos gobiernos rojos intentaron maquillar otorgando en 1932 un estatuto de autonomía a esa región que, de facto, equivalía a aceptar la rebelión. No contentos con ello, en octubre de 1934, un criminal (y un tarado) llamado Luis Companys había proclamado de nuevo el “Estado Catalán” (sic) dentro de la “República Federal Española” (sic), rebelión que fue sofocada por el ejército, condenando a 30 años de cárcel a los cabecillas de la rebelión, pero en febrero de 1936, al apoderarse Azaña de la jefatura del Gobierno, los amnistió a todos ellos y los restituyó en su cargos, aceptando, de hecho, la independencia de Cataluña.

En definitiva, a partir de febrero de 1936 España era una nación al borde de la desaparición, con un gobierno ilegítimo de facinerosos y corruptos actuando a las órdenes de Moscú y dispuesto a sobrepasar cualquier límite para crear una república socialista tiránica en nuestra Patria, con un ambiente de anarquía y violencia en las calles como no se había conocido nunca, con el poder judicial secuestrado por el ejecutivo, que mantenía amenazados (cuando no directamente asesinados) a los jueces que no le eran afectos, con una persecución homicida orquestada desde el poder a todos los ciudadanos católicos, conservadores o con una posición económica o social mejor que la media y con la unidad de España quebrada por la rebelión de Cataluña.

¿Qué debía hacer el Ejército? LO QUE HIZO: alzarse en armas para expulsar a ese gobierno usurpador y para restablecer el orden y la unidad de España. No podía hacer otra cosa, si no lo hubiera hecho hubiera faltado a su deber y hubieran incumplido el juramente de servir y defender a España que hicieron cuando recibieron el despacho de teniente. No dieron un “golpe”, si acaso dieron un “contragolpe”. Y los traidores a España no fueron, ni mucho menos, los alzados, sino los militares que, por cualquier razón, se opusieron al Alzamiento y permanecieron al lado de los delincuentes que se habían hecho con el poder del modo ya descrito.

Reescriban ustedes la historia, manipulen a su antojo la mente a las nuevas generaciones que no conocen de primera mano lo que pasó, aprueben cuantas leyes de mentira histórica deseen, pero la verdad solo es una: el Alzamiento Nacional no solo fue legítimo, sino que fue una obligación ineludible para los que se alzaron. Y gracias a ellos, España todavía existe como la conocemos.

La Historia, la verdadera historia, así lo reconocerá.