Sr Director:

Me gustaría narrar una curiosa conversación mantenida con un alumno al finalizar la clase de Derechos Reales, en la cual yo había comenzado a explicar el Derecho de Propiedad. Corría el año 2006, el curso acababa de comenzar, y yo, por aquel entonces, había elevado al rector y al decano unos escritos en los cuales me manifestaba razonadamente en contra de la propuesta para designar a un conocido político comunista como Doctor Honoris Causa.  Semejante hecho pareció despertar cierto revuelo,  trascendiendo en alguna medida al alumnado, porque dos o tres veces me encontré, en el suelo de mi despacho, una hoja de papel con el dibujo de una diana. Si me he extendido en la anterior exposición es porque mi clase era la última de un grupo de tarde, y, como resultaba habitual, se había extendido un poco más allá de la hora prevista para su finalización; el caso es que me encontraba caminando por unos pasillos desiertos, en dirección al garaje subterráneo (un amplísimo local repleto de recovecos, también solitario, pero con menor iluminación), y conversando con un alumno que, al encontrarnos en los primeros días del semestre lectivo, acababa de conocer. En tales circunstancias no me entusiasmó demasiado el tema objeto de la curiosidad de mi interlocutor, quien, apartándose un tanto de las cuestiones rigurosamente técnico-jurídicas, inició una conversación que vino a  desarrollarse aproximadamente del siguiente modo:

-Profesor, usted nos ha citado una relación de normas del franquismo, aludiendo a su contenido social, y yo no sé si considerará procedente que le haga una pregunta que no me atreví a plantear en clase.

-Haga usted la pregunta,  y yo  decidiré sobre la procedencia de responderla –le dije, tratando de aliviar su evidente azoramiento.

- ¿Es usted franquista?

Reconozco que la pregunta me pilló de sorpresa. No solamente por su objeto, sino también por lo directo de su formulación, tras el agobio que había apreciado un instante antes en ese joven. No pude sustraerme a la precaución de afinar mi oído e interrumpir nuestro recorrido hacia el garaje, al tiempo que giraba mi cuerpo noventa grados, para poder vislumbrar los dos sentidos del silencioso pasillo en que nos habíamos detenido. Lo hice pausadamente, para no exteriorizar la inquietud que me invadía, pero considerando la eventualidad de que el supuesto alumno no fuera sino la avanzadilla de un grupo de valerosos y pacíficos “antifascistas”, siempre dispuestos a amargar la existencia de quienes hicieran cualquier cosa que se opusiera a sus delirios ideológicos. Mi aprensión me impulsaba a obviar el tema, limitándome a contestar a ese joven que la cita de todas esas leyes estaba plenamente justificada en una introducción histórica sobre el régimen jurídico del derecho de propiedad, y que también aludí en clase a los sistemas político-jurídicos que prohibían la propiedad privada de los medios de producción, sin que ello pareciera haberle sugerido la más mínima duda sobre si yo era comunista. Sin embargo, mi curiosidad por profundizar en el itinerario intelectual que hubiera podido conducir a un alumno, suponiendo que ese joven lo fuera, para llegar a una hipótesis como la que se ocultaba tras su pregunta a partir de mi clase, me indujo a prolongar la conversación.  

- Ya sabe usted que su pregunta no guarda relación alguna con el objeto de la asignatura, como demuestran  sus reparos al plantearla –respondí-. Pero me preocupa extraordinariamente el hecho de que mi clase le haya podido sugerir esa inquietud, porque no me agrada influir en  las convicciones ideológicas del alumnado.

- No es exactamente eso –respondió, nuevamente azorado-. Es que no he escuchado a ningún otro profesor afirmar que el origen de la función social de la propiedad se encontrara en leyes franquistas, ni elogiar esas leyes, como hizo usted en clase. 

A esas alturas de mi carrera como docente ya estaba acostumbrado a que la mayoría de los alumnos interiorizaran una versión de mi discurso en la cual todo parecido con la realidad era mera coincidencia, pero este caso desbordaba todo lo imaginable. Reprimiendo el disgusto que me produjo la ligereza intelectual de mi interlocutor, le respondí, en tono afable: 

- Si no recuerdo mal, yo no dije que la irrupción del concepto de función social de la propiedad se produjera durante el mandato del anterior Jefe del Estado; de hecho recuerdo haberles comentado que las raíces de tal institución se encontraban mucho más atrás. Entre otros precedentes, les cité la diferencia entre la titularidad y el uso de los bienes, expuesta por Santo Tomás de Aquino y según la cual ese goce debía estar orientado al bien del prójimo; luego  pasé a exponerles la vinculación entre el desarrollo de ese concepto y la irrupción del socialismo, los movimientos obreristas y las crisis económicas del primer tercio del siglo XX.

 

- Pero luego citó una serie de leyes de la dictadura –dijo el joven, interrumpiendo mi relato, al tiempo que comenzaba a leerme sus apuntes-: Arrendamientos urbanos, Expropiación Forzosa, Suelo, Fuero del Trabajo, Estatuto de los Trabajadores…

- Sí pero, ¿recuerda usted que yo hiciera algún juicio valorativo acerca de todos esos textos, refiriéndome a su bondad o perversión intrínsecas? –le interrumpí entonces yo, tratando de no mostrarme brusco.

- Bueno, usted dijo, y además lo tiene escrito en el manual de la asignatura, que se trataba de leyes con una evidente proyección e inspiración social –siguió el alumno, demostrando que esa cuestión en concreto le había preocupado de manera muy especial.

- Es decir, que usted considera, y perdóneme si yerro, que cuando yo afirmo el contenido social de una norma estoy valorándola. Más concretamente: que calificar una norma como “social” equivale a elogiarla.  ¿Se da cuenta de que, con ello, es usted quien parte de una visión subjetiva previa, al entender  todo lo “social” como inexcusablemente “bueno”? ¿No cree que su subjetivismo valorativo contradice, por poner un solo ejemplo, todos los postulados del liberalismo económico? 

- Bueno, por poner un caso que conozco personalmente, y refiriéndome a las leyes de arrendamientos que usted mencionó en clase, a mí me parece lógico que el propietario no pueda subir exageradamente el alquiler que paga el arrendatario –dijo el alumno, amparándose en un caso que parecía afectarle muy de cerca.

- O sea, que le parece “buena” la congelación de rentas derivada de la legislación de arrendamientos urbanos vigente durante la Jefatura del Estado del General Franco,  que además se combinaba con el derecho del arrendatario a prorrogar el contrato indefinidamente a su exclusiva y entera voluntad.

- Creo que es preferible a que el propietario imponga su poder económico, desde luego. 

- Poniéndonos en el plano de la pura política legislativa, le diré que yo no comparto su opinión. Por el contrario, pienso que la satisfacción del derecho a una vivienda, en los supuestos legalmente establecidos, cosa que siempre será objeto de discusión, y cuando su titular no pueda acceder a la misma en términos de mercado, ha de ser satisfecho por el Estado. No me parece correcto que tal carga se traslade a las espaldas de unos propietarios en concreto, por el mero hecho de serlo y de haber arrendado una vivienda. De hecho, ¿sabe usted quiénes liberalizaron radicalmente los contratos de arrendamiento, eliminando las prórrogas forzosas para el arrendador y los plazos mínimos de duración?

- No lo recuerdo. 

Aquí me parece obligado informar al lector de que este alumno había estudiado el semestre anterior el contrato de arrendamiento de viviendas y locales, pero que los planes de estudio cada vez dejan menos tiempo al profesorado para ir más allá de la explicación parcial de la legislación vigente, de manera que la ignorancia de mi interlocutor era perfectamente excusable. Sabedor de todo ello, le respondí: 

- Pues lo hizo, precisamente, el PSOE, gobernando con mayoría absoluta y mediante el Real Decreto-Ley 2/1985, para los contratos perfeccionados tras su entrada en vigor. Luego se dieron pasos hacia atrás, estableciéndose plazos mínimos durante los cuales la prórroga sería forzosa para el propietario, pero descartando el carácter indefinido de esas prórrogas, y estableciendo unas normas de derecho transitorio para actualizar, poco a poco, las rentas de los contratos perfeccionados al amparo de la normativa anterior. Yo no valoro ese cambio legislativo, como tampoco lo hice con la legislación vigente durante el régimen del General Franco, pero el hecho objetivo es que la legislación promulgada por el PSOE, un partido que hace bandera de lo social, redujo muy notablemente la protección que otorgaba al  inquilino la normativa vigente durante el anterior régimen político.   

- O sea que el régimen anterior era mejor que el democrático –me respondió el alumno, con esa mezcla de conceptos tan habitual en personas que han sido educadas en el entorno antiliberal de nuestra escuela y universidad, donde lo social es siempre lo bueno, a continuación pasa a identificarse lo social con el socialismo, y, en la etapa siguiente, lo social y el socialismo terminan identificándose peligrosamente con la democracia.

-Ya vuelve usted a introducir criterios valorativos –le respondí-. Además, mezcla sistemas de organización social y contenidos normativos. Que una disposición emane de un sistema político más o menos democrático no tiene por qué afectar a su contenido, y bastará para convencerle con que vuelva a reparar en el Real Decreto-Ley que estableció la radical liberalización de los contratos de arrendamiento, emanada de un parlamento elegido con criterios democráticos. Por el contrario, los regímenes autoritarios, incluidas las dictaduras, pueden producir normas de elevado contenido social, y si usted se creyera la propaganda del gobierno cubano ese sería un buen ejemplo. Mi exposición se refirió a disposiciones que fueron publicadas en el BOE; normas que tuvieron eficacia jurídica, que incluso algunas de ellas la mantienen todavía hoy, y en las cuales se establecían una serie de medidas concretas. 

- Entonces, ¿usted no es partidario del franquismo? –dijo el alumno, variando los términos iniciales de su duda, quizá por entender ahora que yo era una especie de liberal radical, y que me mostraba crítico con el inmovilismo de un legislador que no terminaba de eliminar los excesos “sociales” de la legislación promulgada durante el régimen del General Franco. 

- Mire usted –respondí, algo cansado ante el empeño del alumno por encasillarme en su peculiar visión del mundo de las ideas-, lo que usted llama “franquismo”, como si se tratara de un régimen político rígido, dotado de principios irrenunciables con vocación de permanencia, en realidad nunca existió. El hecho objetivo, es que durante el régimen del General Franco la legislación fue evolucionando, para adaptarse a la evolución social y económica, así como a la variable relación de fuerzas entre los sectores que integraban el llamado Movimiento. Es cierto que siempre existió un predominio del sector público en la economía, en buena medida determinado por la debilidad de un sector privado con escasas posibilidades de financiación. Como la gestión era eficaz y eficiente, florecieron empresas públicas con especial implantación en los ámbitos de la industria y las comunicaciones (Seat, Enasa, Enosa, Renfe, Iberia, Telefónica, y un larguísimo etcétera). También en el sector financiero irrumpió una poderosa banca pública y semipública (Banco Hipotecario, Banco de Crédito a la Construcción, Cajas de ahorros). Bajo todo ello, el núcleo de la contratación laboral se desarrollaba a través de un contrato único y por tiempo indefinido, otorgando una amplísima tutela a los trabajadores. La intervención estatal en el ámbito de los arrendamientos de vivienda otorgaba un grado máximo de protección al arrendador, si bien lo hacía en perjuicio del propietario y de la propia oferta de viviendas en arrendamiento. Por su parte, la legislación urbanística y expropiatoria era coherente con la proclamación, en el esquema de las Leyes Fundamentales, de que toda la riqueza de la nación estaba subordinada al interés general, facilitando la obtención de suelo para infraestructuras tan necesarias como las carreteras y los embalses, así como de un ambicioso programa de construcción de viviendas de protección oficial, a costa de sacrificar, en buena medida,  la tutela de la propiedad privada (y quizá por ello se trata de una legislación que continúa vigente). Si usted me preguntase sobre mi opinión acerca de la viabilidad de toda esa normativa, en el marco de una economía globalizada como la actual, mi respuesta habría de ser muy probablemente negativa. Otra cosa es que funcionase en el marco económico del tiempo en que fue promulgada, y aquí sólo me queda remitirle al análisis del crecimiento experimentado por España, y a la tremenda aceleración de ese proceso, producida en la década de los 60, que produjo a su vez un incremento de la natalidad sólo explicable por lo que hoy suele conocerse como grado de optimismo de los consumidores. Un crecimiento que sería del todo inexplicable si la sociedad estuviera enfrentada, pensando en regresar a la Guerra Civil y sumida en el pesimismo y la tristeza de esa España gris de la que a usted quizá le hayan hablado, en la cual no se cantaba ni se bailaba y, por supuesto, nadie se divertía.

- Muchas gracias, profesor - se limitó a responder el alumno, obviamente superado por el cansancio, al recibir demasiada carga conceptual tras una tarde completa de clases. 

- Espero haber satisfecho su curiosidad –le respondí yo, también cansado-. Y, por favor, no tenga usted ningún reparo en plantear cualquier tipo de cuestión durante la clase. Posiblemente sean muchos los compañeros suyos que han tenido la misma inquietud y van a quedar privados de todas estas precisiones.

- Lo haré, profesor, aunque no me haya dicho usted si es partidario de Franco –respondió, con una sonrisa pícara.

 

- Nunca espere usted una respuesta clara de un profesional del Derecho, le respondí, devolviéndole la sonrisa mientras me dirigía al garaje y él tomaba el camino de la puerta principal de la Facultad.

He de decir que ese alumno fue uno de los más brillantes que he tenido en mis 30 años de docencia, y que compartimos muchas charlas sobre las materias que integraban mi asignatura en los pasillos de la Facultad de Derecho. Nunca le dije si era partidario o no de Franco y del  régimen anterior, pero confío en que mi actitud personal le demostrase que, durante esa etapa, existió una generación educada en la satisfacción por el mero cumplimiento de sus deberes y en el respeto a la palabra dada, pero que supo divertirse como la que más, escuchar música sin molestar a sus vecinos, y amar a Dios, a su Nación, y a la vida, en todas sus maravillosas manifestaciones.

 

Luis Miguel López Fernández
Doctor en Derecho, Máster en Derecho y Economía de la Empresa por la Escuela Libre de Derecho y Economía