Durante los años 80 y 90, el pensador y filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, exiliado del régimen comunista de su país, escribía varios artículos y libros preocupado por el auge en toda Europa occidental de eso que tan de moda está a día de hoy en nuestro país, la memoria histórica.
 
En sus libros, Todorov afirmaba que, frecuentemente, la memoria se utilizaba para focalizar a las sociedades occidentales en el pasado, en lugar de centrarse en los problemas del presente, y una memoria que, con frecuencia, trata de buscar culpables e inocentes o contar una visión única y parcializada de la historia, incompleta y centrada solo en una visión. Como afirmaba en un artículo publicado en El País;
 
"La Historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria: la división de la humanidad en dos compartimentos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables.  Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la violencia, revestida de un vocabulario nuevo, adaptada a unas circunstancias inéditas".
 
Con frecuencia, esa visión maniquea, unilateral y parcializada es la que suele ofrecerse cuando nos referimos a diferentes aspectos de nuestra historia contemporánea española, especialmente en lo relativo al periodo republicano. En esa visión, aparece un bando de buenos y otro de malos, en función de la óptica ideológica que se mire, y de ello la principal víctima es la verdad y la historia. Uno de los aspectos menos conocidos de este periodo es la dura represión y persecución a que se vio sometida la Falange Española entre 1933-1936, es decir, durante los años precedentes al estallido de la guerra civil española.
 
En un recurso permanentemente recurrente el achacar a FE y a su I Jefe Nacional, José Antonio Primo de Rivera una apología constante al uso de la violencia desde el mismo momento de su nacimiento en la Comedia en 1933, hasta el estallido de la guerra civil. E incluso los hay que, buscando una justificación única del estallido del conflicto en los crímenes del otro lado sin mirar en la propia, buscan justificar el estallido y auge de la violencia urbana en las grandes capitales españolas en 1936 a la actitud de los pistoleros falangistas que, sin provocación previa, iban por las calles españolas atacando a socialistas, anarquistas y comunistas en un baño e odio visceral hacia el enemigo político.
 
Sin embargo, fueron precisamente los falangistas víctimas predilectas de la violencia callejera entre 1933-1936 por parte de los militantes y activistas de la izquierda que no toleran la presencia de los falangistas, especialmente en las calles madrileñas, donde el enfrentamiento por la fuerte presencia de una potente clase obrera organizada fue mayor.
 
El resultado de esa hostilidad de las izquierdas a la falange callejera que sale a vender la prensa nacionalsindicalista (concretamente el semanario FE, órgano de expresión de la nueva formación desde diciembre de 1933) no se deja esperar y entre 1933-1936 caen muertos o heridos graves casi una veintena de activistas de F.E., algunos de ellos de fama conocida como Francisco de Paula Sampol, Matías Montero, Juan Cuéllar o José García Vara en Madrid e incluso el fundador del partido, José Antonio llega a ser víctima de un atentado terrorista que casi le cuesta la vida en pleno centro de Madrid el 10 de abril de 1934.
 
A esta escalada de ataques, atentados y persecuciones ilegales de la Falange por parte del activismo callejero le sigue la persecución si no legal, al menos institucional del propio gobierno republicano, especialmente a partir del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, y que se saldó con la ilegalización, pase a la clandestinidad de sus miembros y la cárcel para muchos otros, los más relevantes. Así, en 1936, muy poco después de reorganizar el movimiento tras la salida de varios miembros destacados en 1934-35 (Eliseda, Ansaldo, Ledesma...), José Antonio Primo de Rivera y gran parte de la directiva nacional de FE de las JONS son detenidos y encarcelados ilegalmente, a principios de 1936, tal y como lo relata en su libro Felipe Ximénez de Sandoval;
 
"El día 14 de marzo de 1936, a primera hora de la mañana, se presentan unos agentes en casa de José Antonio a detenerlo «por quebrantamiento de la clausura gubernativa del local de Nicasio Gallego», donde se han roto los sellos de la autoridad". 
 
A su vez, el citado local, la sede nacional de FE de las JONS, fue clausurada a finales de febrero por; 
 
"El Centro se cerró el 27 de febrero. Cuando volvieron los policías con la orden escrita, procedieron a un registro minuciosísimo, que dio como resultado el hallazgo de algún olvidado pistolón, algún cargador y alguna porra".
 
Poco después, y estando ya en prisión, primero en la Cárcel Modelo de Madrid y luego en la Cárcel de Alicante donde será ejecutado en noviembre de 1936, José Antonio es acusado y condenado por tenencia ilícita de armas en su domicilio, elemento forzado por las fuerzas de seguridad, tal y como reconoce en 1943 el Comisario de Policía de la Brigada de Investigación Social José Fagoaga y Arruabarrena, partícipe  en abril de 1936 en el registro del domicilio personal del Jefe Nacional, y donde es testigo de cómo el Agente Cristóbal Pinazo Herrero encuentra él solo en una habitación cerrada una pistola limpia encima de una estantería manchada de polvo, achacando ese encuentro a un montaje policial contra el líder falangista para tratar de demostrar el carácter violento de los falangistas y poder encerrar de por vida al abogado madrileño.
 
Así se manifiesta literalmente Fagoaga en la Causa General conservada en el Archivo Histórico Nacional, en los expedientes relativos a los juicios celebrados contra José Antonio;
 
"Con el dicente fueron el Inspector don Manuel Moragas y Agentes don Joaquín de la Calle, don Tomas Luengo, don Leandro Alberto Barrado, y un tal Cristóbal Pinazo Herrero, éste último individuo incondicional del Frente Popular, no recordando el declarante cuando ingresó en la Brigada.
 
Llegados al domicilio de José Antonio, se dio comienzo al registro una vez que estuvo presente la familia. En el despacho de José Antonio Primo de Rivera, entra el Agente Pinazo, el cual está solo en dicha habitación, de la que sale nada más comenzar el registro, diciendo que allí había unas pistolas.
 
Hace constar el que declara, que dichas pistolas no tenían la menor partícula de polvo, y en cambio en el estante donde fueron encontradas existía éste, teniendo pues la certeza de que aquellas armas debieron ser colocadas en aquel momento en el estante, operación que bien pudo ser hecha por el Agente Pinazo dada su ideología.
 
José Antonio Primo de Rivera llevaba en la cárcel cerca de mes y medio, y su domicilio había sufrido varios registros anteriores, creyéndose por tanto fundadamente que no podía caber responsabilidad alguna al referido por el encuentro de armas en el domicilio frecuentado por toda clase de gentes".
 
Sin embargo y, una vez más, las irregularidades constantes de la legalidad republicana se hacen presentes en la ilegalización de FE y de Primo de Rivera por el supuesto delito de tenencia de armas y llevaron a que el propio gobierno desoyera las resoluciones judiciales que exculpaban a los falangistas y anulaban su ilegalización.
 
Ello se evidencia en el boletín "No Importa" número 1, del 20 de mayo de 1936, editado clandestinamente debido a la ilegalización del movimiento, donde se afirma;
 
"El 14 de marzo se estrenó Alfonso Mallol con la Falange, detuvo al Jefe Nacional, a parte de la Junta Política, a otros que no pertenecían a ella y a quien le vino en gana. Los tuvo un día en el sótano de la Dirección General de Seguridad, y luego los remitió al juez con un escalofriante oficio, en el que se detallaban todos los horrores imputables a los falangistas. Como resumen de todos, la dirección decía lo siguiente;
 
Del conjunto de esta información, se aprecia la existencia muy acusada de actividades punibles contra la constitución del estado y contra corporaciones oficiales, incluyendo al ejército, de quien dice la propaganda fascista que  hay que devolverle toda la dignidad que merece, lo que da a entender que la ha perdido.
 
Pero el juez don Ursicino Gómez Carbajo tenía obligación, incluso por el decoro de la magistratura que ejerce, de aquilatar por sí mismo, las acusaciones contra los hombres que le eran entregados. Cobardemente, sin embargo, y traicionando su conciencia y su competencia, los procesó.
 
El auto de procesamiento fue un baldón para quien lo dictara, y un honor para quien lo padeciera. El fundamento de aquella pieza judicial era el siguiente;
 
En las actuaciones de este sumario seguido por el delito de asociación ilícita, figura el programa de la asociación Falange Española de las JONS, que contiene entre otros, los siguientes extremos;.....la constitución vigente, en cuanto incita a las disgregaciones, atenta contra la unidad de destino de España, por eso exigimos su anulación. Tenemos voluntad de imperio. Devolveremos al ejército toda la dignidad pública que merece y haremos, que un sentido  militar de la vida informe toda la existencia española. Su estilo preferirá lo directo, ardiente y combativo.
 
El señor Gómez Carbajo, acaso no ha procesado a nadie por gritar Muera España o Viva Cataluña Libre. Ni por injuriar al ejército. Pero procesó a unos cuantos españoles por afirmar resueltamente la unidad de la patria, por desear para ella plenitud de imperio y por aspirar al enaltecimiento de sus fuerzas armadas. Allá el señor juez con su sentido de la justicia, quede recogida esta nota para gala de su hoja de servicio.
 
El fiscal sostuvo, sobre los mismos fundamentos que el juez, su disparatada acusación. Afirmaba que los 27 puntos de la Falange estaban en contradicción con los fines atribuidos a la misma entidad en los estatutos, de donde se sacaba la consecuencia que era una asociación con fines ocultos, delictivos y que debía ser disuelta.
 
El día 30 de abril se vio la causa ante el Tribunal de Urgencia de Madrid. Ante él informó el fiscal y los defensores José Arellano y el propio Jefe de la Falange José Antonio Primo de Rivera. Este demostró plenamente cómo los 27 puntos devuelven con toda fidelidad el contenido político del artículo 1 de los estatutos y señaló la observación sugestiva de que se persiguiera a Falange por querer la revolución nacional, y no por ejemplo al partido socialista, entre cuyas afirmaciones programáticas aprobadas las hay como las siguientes; el proletariado no debe conformarse con defender la democracia burguesa , sino procurar por todos los medios la conquista del poder político para realizar su propia revolución socialista.
 
El Tribunal dictó sentencia en que se dice; 
 
Considerando que de los hechos probados no se deduce la perpetración  por parte de los acusados del delito que se les inculpa por el Ministerio Fiscal, ya que el ideario político de la asociación, contenido en los estatutos aceptados legalmente, no ha sido alterado en su esencia, orientación ni procedimiento por el documento impreso del folio seis del sumario. Fallamos que debemos absolver y absolvemos del delito del que son acusados a los procesados José Antonio Primo de Rivera, Augusto Barrado, Julio Ruiz de Alda, Raimundo Fernández Cuesta, Alejando Salazar Salvador, José Guitarte Irigaray, y Manuel Valdés Larrañaga.
 
Igualmente, y en virtud de la anterior absolución, debemos declarar y declaramos no haber lugar a la disolución de la asociación Falange Española de las JONS.
 
La Falange es legal. Es ilegal esto que con la Falange hace el gobierno. Sus centros están clausurados, contra derecho. Miles de sus afiliados  están prisión contra derecho. Su vida legal se cohíbe contra derecho. Incluso la censura ha cometido el abuso de prohibir la publicación de la sentencia transcrita. Sépase pues que si los nacionalsindicalistas tienen que acudir a vías apartadas para comunicarse y actuar lícitamente es porque no ellos, si no el gobierno se ha colocado fuera de la ley".
 
Sobre esta injusticia de incumplimiento de la sentencia de legalización de FE y de las JONS y absolución de sus líderes por parte del gobierno frentepopulista insiste nuevamente el ejemplar del "No Importa" número 3, del 29 de junio de 1936, que afirma;
 
"El Tribunal Supremo, confirmando la resolución de la Audiencia de Madrid, ha declarado lícita la Falange, pero todo es inútil. El gobierno, tras de impedir por medio de la censura que se conozca el fallo de la justicia, retiene en la cárcel contra todo derecho a millares de afiliados de la Falange, mantiene la clausura de sus centros, e impide su vida legal.
 
Ya el gobierno no podrá decir que al obrar así cumple la ley. Viola abiertamente la ley y menosprecia al Tribunal Supremo. Ahora las cosas están claras; la única ley  que rige para el gobierno es la de la destrucción de España al servicio de todas las fuerzas enemigas suyas".
 
Pero, a pesar de las resoluciones contrarias del Tribunal Supremo y de la Audiencia de Madrid en contra de la ilegalización de FE y de las JONS y del encarcelamiento de sus dirigentes, y de  las constantes manifestaciones del Jefe Nacional en contra la violencia, el movimiento siguió siendo definitivamente ilegal y perseguido hasta encadenar con el estallido de la guerra civil, que provocó el estallido de una desatacada violencia por ambos bandos contra los enemigos políticos, y que se saldaron entre otros, con la ejecución de varios líderes destacados del movimiento nacionalsindicalista como el propio José Antonio, Julio Ruiz de Alda o el lider jonsista Ramiro Ledesma Ramos, detenido ilegalmente en su domicilio, según se afirma en el "Expediente nº 348 instruido contra Ramiro Ledesma Ramos", el día 2 de agosto de 1936 y ejecutado por "sospechoso y existir indicios de ser enemigo del régimen" sin más causa que su activismo y militancia en las JONS y en FE entre 1931-1935.
 
Esa persecución se legitimó y extendió formalmente, y el aumento de las tensiones y de la violencia derivarán directamente en el estallido de la guerra civil, en la cual las pasiones cultivadas durante años en la clandestinidad e ilegalidad acabaron germinando para desgracia de todos los españoles. Una memoria, como afirmaba Todorov, incompleta, que olvida más o menos intencionadamente sucesos como la persecución desmedida e ilegal de los militantes falangistas todavía durante el periodo de la legalidad republicana pre-bélica y que ha sido silenciado, ocultado y, desde luego, suprimido de la memoria histórica oficial.