Una denuncia presentada por la Asociación Liberados de Mapfre y que ha ido dirigida a un total de 3000 sucursales que operan igual

Desde la Asociación Liberados de Mapfre (ALM), a través de su presidente, Ángel Díaz, aseguran sentirse «orgullosos y satisfechos por la profesionalidad, la valentía y la eficacia de los inspectores de trabajo, Paula Moreno y Fernando Pinazo, que en un breve periodo de tiempo han resuelto la denuncia y declarado de oficio el alta en la Seguridad Social de nuestro compañero Jacob Wilhelmus, de Tenerife. La primera de las 3000 denuncias presentadas por ALM y que han sido favorables, tanto para los trabajadores a los que se le tienen que reconocer sus derechos como para las víctimas que han sufrido esta situación y, por supuesto, para los cientos que aún la padecen y esperan una solución». (Prueba 1).

Asimismo, desde la Asociación manifiestan esa alegría con un «sabor agridulce», pues de igual forma resaltan «la falta de coordinación de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude de la SS (ONLFSS), que permite que, ante hechos exactamente iguales, se responda, por parte de diferentes inspectores de trabajo, de una forma tan contradictoria como las siguientes», enumera Díaz:

1-. Que la denuncia de un camarero que está detrás de una barra no es lo mismo que la denuncia de uno que está detrás de una mesa en una sucursal de Mapfre, porque Mapfre es una multinacional del IBEX. (Prueba 2).

2-. Que están a la espera de que esta Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social (ONLFSS)unifique criterios ante la cantidad de denuncias presentadas. (Prueba 3).

3-. Que, a pesar de las múltiples pruebas presentadas, las mismas en todas las sucursales, no encuentran pruebas suficientes y remiten al denunciante a los Juzgados de lo Social. (Pruebas 4, 5 y 6).

Por todo ello, desde la Asociación no dan crédito a la desigualdad de lo expuesto en las distintas pruebas de denuncia, pues «lo cierto es que todos los inspectores han recibido la misma información y todas las situaciones son idénticas. Falsos autónomos de manual», afirma. (Prueba 7).

Desde la ALM preguntan «a quién defiende realmente la ONLFSS. ¿A los trabajadores que están denunciando su situación o a la empresa?».

 Ya que, detalla su presidente, «si se inhiben a favor de los jueces, recomendando al trabajador (la parte más débil) a denunciar en los Juzgados de lo Social, claramente están defendiendo a la empresa, pues es el trabajador quien debe probar y demostrar su situación irregular», y en desigualdad de condiciones.

«Defender al trabajador, en caso de duda (que no es el caso)», apostillan, «es darlo de alta en el Régimen General y que la empresa (la parte más fuerte) sea quien demuestre que no está cometiendo fraude a la S.S. y, por tanto, privando de sus derechos laborales al trabajador».

No solo está mermando la calidad laboral de muchos trabajadores que están pasando por esta situación, como ha quedado claramente demostrado, sino también el conjunto de su calidad de vida, con todas sus consecuencias. «Todos estos trabajadores, por colaborar con la Inspección, están siendo tratados como esclavos, sin ningún tipo de derechos y represaliados por Mapfre. Este es el caso de Jacob Wilhelmus, en Tenerife, que, encontrándose en el hospital, recuperándose de una operación a corazón abierto, fruto de la presión y el estrés al que le ha sometido Mapfre, es trasladado a la oficina de la isla más lejana a su domicilio, sin ningún tipo de sensibilidad ni delicadeza. Todo ello, por haber sido dado de alta de oficio en el Régimen General de la S.S. por la Inspección de Trabajo. Y, a todos ellos, les rescinden sus contratos sin derecho alguno, dejándolos en la indigencia». (Pruebas 8 y 9).

«Esta es la respuesta de un Gobierno», aseguran, «que dice luchar contra los falsos autónomos y defender a los trabajadores. Esta es la reacción ante una denuncia masiva de 3000 falsos autónomos de manual, de 3000 personas, de 3000 familias, y todos en la misma situación. Pero, ojo, contra una multinacional del IBEX».

 

 

 

También, desde la Asociación Liberados de Mapfre se han interpuesto innumerables denuncias por la existencia de «más de 15000 compañeros, falsos autónomos que trabajan en Mapfre como APM (Agentes Profesionales de Mapfre)».

Y es por esto que, fruto de la colaboración de la Asociación con la Oficina Nacional contra el Fraude de la S.S. (ONLFSS), se han producido ya «cientos de actuaciones de la inspección en las oficinas, poniendo de manifiesto la existencia clara de la figura del falso autónomo en su cadena de trabajo, ya que reúnen los requisitos de dependencia,ajenidad y retribución. Empleados sin derechos, apiñados como hormigas y trabajando en cubículos, edificios repletos de ellos, y luego nos alertamos cuando vemos reportajes de las condiciones laborales de personas de países asiáticos cuando lo tenemos delante de nuestros propios ojos».

Tanto es así que, en dos casos, MAPFRE «se ha visto obligada a reconocer esta situación y a indemnizarlos incluso antes de llegar a juicio, tenemos las demandas. Incluso ha tenido que ofrecer, de forma urgente, la contratación a 500 trabajadores que estaban como APM, concretamente agentes especializados en el ramo de Vida y Salud para conseguir paralizar la lluvia de denuncias recibidas por parte de la Asociación que demostraba la existencia de los falsos autónomos en toda la red comercial de la multinacional. De esta forma, también se intentaba cerrar las actuaciones inspectoras que deberían derivar en miles de altas de oficio en la Seguridad Social, el ingreso de decenas de millones de euros de recaudación para la Seguridad Social y otros tantos de sanciones».

Un acuerdo ilógico y «muy desacertado por parte del Gobierno Socialista con la multinacional del IBEX, que está impidiendo la recaudación de millones de euros para las arcas públicas, ahora tan necesitadas por el problema de las pensiones y, lo más importante, el reconocimiento de los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras que son los que levantan cada día este país».

Un acuerdo «vergonzante, que permite el blanqueo de miles de actuaciones fraudulentas a esta multinacional a cambio del alta en Seguridad Social de 500 agentes, con un salario aún peor del que tenían, 14.000 € brutos al año».

Así, los juicios por despidos improcedentes continúan creciendo «como una bola de nieve y no van a cesar. Mientras tanto, Mapfre opta por cerrar acuerdos y tapando casos con indemnizaciones generosas y cláusulas de confidencialidad (prueba 10), porque no quiere manchar su imagen con ni siquiera una sentencia en contra».

Por todo lo expuesto, «desde la ALM no estamos dispuestos a vendernos y estamos convencidos de que las sentencias a nuestro favor llegarán. Vamos a luchar por los derechos de todos los agentes de Mapfre, todos esos derechos que también nos arrebataron a nosotros», sentencia su presidente, Ángel Díaz.