Hacía años que no leía una sentencia tan sólida, bien argumentada y, además, espléndidamente redactada como la 20/2019 de la magistrada Adelaida Medrano, titular del juzgado número 41 de Madrid en la acción reivindicatoria del ayuntamiento de Santiago, regido por el podemita Martiño Noriega, reclamando a la familia Franco la devolución de dos esculturas del Maestro Mateo asegurando que el dictador las “expolió” a la ciudad.

 

El juzgado ha desestimado la demanda al entender que los Franco son los legítimos propietarios de las piezas. Sus nietos han mantenido, siempre, que fueron compradas a un particular, con la intermediación de un anticuario especialista, sin que el consistorio haya podido aportar un solo documento que le acredite como titular de las mismas. Así lo hace constar la titular del juzgado competente en su sentencia: “de todos estos aspectos absolutamente decisivos”, que el Ayuntamiento como parte demandante ha de probar, “no hay ni un solo documento o expediente adjuntado“ que lo haga. Resalta Medrano que, por lo tanto, la reclamación del consistorio compostelano resulta “inexplicada“.

 

La magistrada señala que la demanda del Ayuntamiento de Santiago y su postura en la causa es de una “temeridad manifiesta". Señala, además, la improcedencia de que el perito presentado por el municipio para respaldar su tesis, trate de “suplir las ausencias documentales” a través de una declaración en la que “intenta convencernos de que ha llegado a sus conclusiones por medio de las noticias verbales que obtuvo”, y que lo haga sin concretar la identidad de las “personas de edad” que le habrían transmitido su versión de lo ocurrido que, sin embargo, no han sido citadas en el juicio como testigos". “No resulta de recibo pretender transformar así una prueba pericial, en una testifical de referencia, sin siquiera identificar las personas de las que procede la información sobre la ubicación de las estatuas y su traslado".

 

También afea al Ayuntamiento que haya tratado de convertir “el depósito de las estatuas a los exclusivos fines de examen por los expertos, tres meses antes de su decisión de adquirirlas” en una posesión “con efectos traslativos de la propiedad”. Además, califica como “temeridad manifiesta” la insistencia del consistorio en defender judicialmente una postura que “no puede justificar” en modo alguno. Por todo ello, concluye la magistrada en su fallo que “procede desestimar íntegramente la demanda interpuesta” y condenar al ente municipal “al pago de las costas” correspondientes de dicha instancia.

 

Se trata de una sentencia de 29 páginas en la que pasa revista detalladamente a los elementos probatorios que debería haber aportado el Ayuntamiento para sustentar su pretensión y que éste se ha limitado a basar en meras suposiciones, conjeturas y una prueba pericial de auténtica vergüenza ajena. La lástima es que las costas no tenga que pagarlas el "alcalde del cambio" y sean los ciudadanos de Santiago los que tendrán que asumirlas.

(*) Ex Embajador de España.