Tras las denuncias presentadas por parte de los ayuntamientos de Serranillos del Valle y Moraleja de Enmedio contra su antigua interventora, B.M.A., y el proveedor informático, la jueza acaba de notificar que aprecia la existencia de indicios de delito de falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Por lo tanto, de diligencias previas continúa a un procedimiento abreviado a la espera de juicio. Los hechos se remontan a 2012, cuando se aprobó el Real Decreto de pago a proveedores en el cual Serranillos del Valle acordó el abono a diferentes proveedores por un importe de casi tres millones de euros.

Tras revisar el listado de pagos, se detectó uno que a todas luces parecía irregular, fechado en diciembre de 2006 y por un importe de 34.918,32 euros. Dicha factura no existía y el proveedor no había trabajado nunca para este ayuntamiento.

Comprobado que el pago efectuado al proveedor era irregular, se inicia un procedimiento de reintegro de cobros indebidos contra el proveedor, reclamando la devolución del pago más los intereses. Un año después, y tras no recibir respuesta, se inició el procedimiento de embargo de sus bienes por el importe pendiente en ese momento, que entre la suma principal más intereses ascendía a 53.000 euros. Tras esto, el proveedor solicitó una reunión urgente con el ayuntamiento donde reconoció que nunca trabajó para Serranillos Del Valle, así como el cobro de esa factura inexistente, “que pactó para repartirse el dinero con la interventora, B.M.A.”, que entonces trabajaba como acumulada en el Ayuntamiento de la Localidad de Serranillos del Valle y de titular en Moraleja de Enmedio.

En el caso del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio la denuncia se presentó como consecuencia de una deuda presuntamente ficticia incorporada al Plan de Pago a Proveedores de 2012 contra la interventora Municipal y un antiguo proveedor de los servicios informáticos del Ayuntamiento, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento público y privado, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La interventora Municipal incorporó a la segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de 2012, una factura de diciembre de 2006 de 35.164,24€ emitida por un proveedor autónomo y referida a una única intervención de mantenimiento y conexión de red.

En la factura se observa una aparente manipulación del sello de registro de entrada y alteración en la letra de la persona que supuestamente lo registró. En los archivos municipales no consta que se efectuase expediente alguno de contratación, cuando solo unos meses después se cumplimentaron los trámites necesarios para adjudicarle un contrato menor para prestar un servicio similar de mantenimiento y actualización de aplicaciones informáticas durante cuatro meses por 12.000,00€

Con todos estos datos, se presentó la correspondiente denuncia en los juzgados de Navalcarnero contra la que fue interventora municipal y el supuesto proveedor, donde se les acusa de falsear unas facturas por un servicio no prestado y repartirse 70.000 euros. Unos hechos que, de confirmarse, supondrían un delito de falsedad documental y malversación de caudales públicos. Hay que recordar que de confirmarse una condena a una funcionaria de intervención municipal, estaríamos ante un caso histórico en nuestro país donde tan solo se había dado un caso con anterioridad en España.

Los Equipos de Gobierno actuales de ambos ayuntamientos siguen trabajando para sacar a la luz y eliminar los casos de corrupción, vengan de donde vengan.