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Los agricultores españoles están en pie de guerra. Normal, bastante han aguantado.

La competencia desigual de terceros países con los que la Unión Europea ha alcanzado acuerdos preferenciales ha hundido los precios en origen y los productores españoles difícilmente cubren los costes de producción.

Es fácil de entender con un ejemplo. En España entran cada año 400 millones de kilos de tomates procedentes de Marruecos, con un coste medio de unos 46 céntimos el kilo. En cambio, producir un kilo de tomates en España cuesta alrededor de 60 céntimos.

¿Cómo es esto posible? Porque en Marruecos los salarios de quienes trabajan en las plantaciones son de unos 200 € mensuales mientras que en España rondan los 1000 €. Entre otras cosas porque la protección social de nuestro vecino del sur es inexistente.

Pero es que, además, los estándares de calidad y las garantías fitosanitarias exigidas a los productos importados desde Marruecos son muy inferiores a las exigidas a los alimentos producidos en Europa, lo que permite a las compañías producir mucho más barato en el país alauí.

Y esto que sucede con el tomate marroquí sucede igualmente con la naranja sudafricana y con otros muchos productos.

Nos preguntamos ¿quién es miembro de la Unión Europea? ¿España o Marruecos? Entonces ¿qué intereses deberían primar para la UE? ¿los de los agricultores españoles o los de las multinacionales agropecuarias establecidas en Sudáfrica?

No tiene explicación lógica posible. Con estos socios ¿quién necesita enemigos?

El precio de la entrada de España en la Unión Europea ha sido altísimo. Se pagó mucho. Estamos pagando muchísimo y seguiremos pagándolo. La desmantelación por completo de nuestra industria pesada fue condición sine qua non para formar parte del club europeo. E idéntico destino han seguido la industria pesquera, la agricultura y la ganadería.

Muchos recuerdan en este punto que los agricultores españoles han sido destinatarios durante décadas de las subvenciones de Bruselas. Claro, esas ayudas fueron la droga que adormecía a nuestro campo mientras lo desvalijaban. ¿Cómo, si no, iban a aceptar sin apenas protesta la liquidación de su forma tradicional de vida, heredada de generación en generación?

Ahora ya no salen las cuentas. Las ayudas no compensan las dificultades a la hora de producir. El objetivo de Bruselas se ha logrado. El campo español agoniza y el medio rural termina de vaciarse. Sin trabajo, sin esperanza, sin futuro.

Por eso, aunque tardía, la reacción del campo debe ser enérgica. Virulenta incluso. Contra la Unión Europea y contra sus agentes en España, los gobiernos de PSOE y PP que les han vendido.

Las protestas del agro hispano deben extenderse a todo el territorio nacional, continuar con el tono enérgico de Don Benito y Jaén y radicalizarse aún más. Que resuene el estruendo de los tractores y las cosechadoras en las calles de las ciudades donde viven los burócratas que han traicionado a nuestro campo.

¡Adelante, agricultores españoles! ¡Arriba el campo!

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