Es evidente que las sentencias de los EREs y los Cursos de Formación en Andalucía ha dejado a todos los españoles boquiabiertos dada las injustas sanciones que se les han impuestos a estos –corruptos-, que han dilapidado más de 680 millones de euros en prostíbulos, lupanares y casas de citas, sin embargo la Justicia sigue en sus trece de no castigar tremendo –robo- con las penas que de verdad se merecen estos indeseables, algo que se pudo observar desde el inició del procedimiento, quitándose de en medio a la Juez señora Alaya que lo estaba llevando de manera ejemplar, pero su comportamiento no les interesaba a los –inculpados- que presionaran ante el Consejo General del Poder Judicial para que nombrara a un juez más acorde con el sistema, y por consiguiente fuera menos radical a la hora de llevar adelante un proceso que ya estaba –viciado-.

 

Una vez más la equidad de la Justicia ha quedado en evidencia, y esto dará que hablar durante algún tiempo, si los ciudadanos españoles no recurrimos seriamente esta sentencia donde la indolencia de los jueces ha quedado más que demostrada, o si se quiere su lamentable forma de juzgar según la ideología de quienes se sienten en el banquillo para ser juzgados.

 

Es notorio que las sentencias tienen unos visos que atentan contra los Derechos Fundamentales de las personas que han sido juzgadas por tan execrable delito, pero las mismas difieren en el caso de Chávez y GrIñán, responsables ambos del uso fraudulento de esos fondos al haber tenido el mismo cargo político, -presidentes del gobierno andaluz-, al primero lo juzgan solo por prevaricación continuada y lo condenan solo a 10 años de inhabilitación, mientras que al segundo también lo sancionan con 10 años de inhabilitación y le añaden 6 años de privación de libertad por malversación, lo que da a entender que Manuel Chávez no incurrió en el delito de malversación, algo a todas luces bastante dudoso.

En España se sigue incurriendo en delitos graves, que pueden ser considerados como –actos corruptos-, y parece ser que la justicia no quiere incoar los primeros tramites para que los mismos sean depurados con las sanciones pecuniarias, se atenta contra la Ley de la Transparencia, la ministra portavoz la señora Celaá sigue ocultando su enorme patrimonio y la señoras Espinosa y Narbona siguen sin ser intervenidas, la primera por ser presidenta y tesorera de un empresa –of shore- en Panamá y la segunda por el caso de las desalinizadoras donde desaparecieron casi 3000 millones de euros, pero claro ambas pertenecen al PSOE, y parece ser que por ese motivo son intocables.

Los tres poderes independientes del estado promulgados por Montesquieu, en España no existen, ya que solo –existe- un solo poder que emana del gobierno o –ejecutivo-, el legislativo y el judicial se han convertido en unos simples apéndice del primero, y por consiguientes ambos obran a dictado de lo que le dice o –impone- el primero, algo insólito en un Estado de Derecho –democrático como pregonan estos ignaros sujetos-, que dedican sistemáticamente a incumplir las Leyes y la Constitución.

 

Las sentencias de los EREs han sido recibida por todos los españoles como un acto carente de toda legitimidad, dada sus inadecuadas sanciones, ya que si la pena es proporcional al dinero defraudado las mismas deberían ser bastante más duras, sin embargo sus contenidos son inicuos, y estas personas sancionadas saldrán de prisión en menos de un año.

Nos da la sensación que ese es el propósito indiscutible que persiguen los jueces al ser tan parcos en sus sentencias, especialmente en este caso donde se ha tenido en cuenta desde el inició del procedimiento la filiación política de todos los implicados en este –robo realizado con alevosía y premeditación-, no obstante muchos de los partidos políticos, y algunos ciudadanos por su cuenta van recurrir la cortedad de las penas impuestas por considerarlas irrisorias, ante el Tribunal Supremo, en primera providencia, llegando si es preciso hasta la Corte Suprema Europea.

 

Una vez más la Justicia es la culpable que España siga perdiendo ese espíritu de –decencia- que siempre acreditó, la mayor parte de los periódicos europeos y americanos hablaran largo y tendido de este indigno affaire, poniendo en “solfa” la ilegalidad existente, en unos los países con más prestigio del mundo, propiciado por un gobierno inadecuado e irracional, que esta llevando a España, cuando menos a un enfrentamiento fraternal como ya ocurriera, donde los gobernantes eran  –semejantes- a estos que tenemos actualmente, donde prima el odio antes que la buena armonía.

Estimo que la creación de las seis Asociaciones profesionales donde se encuadran los jueces y magistrados españoles, son las culpables de las divergencias existente en nuestra Judicatura, ya que cada una de la seis tienen bien marcadas su sintonías y afectos hacia un partido político determinado, lo que esta produciendo que en un tribunal formado por varios jueces cada uno tenga su propia ideología, y trate de beneficiar al miembro o miembros que son compañeros en el partido.  

Es conveniente citar por razones obvias, como están formadas estas asociaciones, que con solo y partiendo de su denominación ya se puede definir con total seguridad sus simpatías o afiliación a un partido determinado, así tenemos:

 

     -Asociación Francisco de Vitoria.

     -Profesionales de la Magistratura.

     -Foro Judicial Independiente.

     -Asociación Nacional de Jueces.

     -Juezas y jueces para la Democracia.

     -Justicia y Democracia.

 

Dicen los jueces y magistrados que se vieron obligados a crear estas Asociaciones porque les estaba vetado pertenecer a un sindicato, pero sin embargo si pueden ser miembros de un partido político con carnet y todo, incluso ser candidatos en las elecciones a optar a una plaza de diputado, senador, a nivel nacional y consejero, concejal en los gobiernos regionales y locales.

 

Sinceramente yo no veo la diferencia de ser miembro de un sindicato a pertenecer en un partido político, las características son –similares-. En España hay muchos jueces ocupando estos altos cargos, y sus actuaciones están dejando mucho que desear, ya que sus meteduras de –pata- son constantes, sin embargo ahí siguen dándonos la –taramela-. No me da ningún rubor citar a algunos de estos sujetos, que han caído en desgracia dado que los españoles somos muy críticos con ellos, por su ignorancia, quizás, o por que son unos verdaderos –caciques- aplicando improcedentemente las obligaciones de quienes dependen de su ministerio, el caso flagrante de Grande Marlaska, se ha convertido en todo un tormento para la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La ministra de Defensa, Robles otro caso donde prima la –majadería-, de una persona que desconoce cuales son las obligaciones de nuestro Glorioso Ejercito, y que cuando asiste a una parada Militar se la ve totalmente desorientada y fuera de si, algo que a muchos españoles nos causa risa. Como aficionado a hacer crucigramas, y conocedor de sus inconvenientes en algunos casos de llevarlos hasta el final, existen términos que se asemejan a lo que esta pasando en España con la justicia, como suele suceder con los –apocopes-, “-cual es el apocope de santo llenamos la casilla correspondiente poniendo –san-, y si nos preguntan cual es de la justicia, seguramente los aficionados escribiríamos –in-, terminando la expresión tan simple como es –injusticia-“, que es lo que tenemos actualmente en nuestro país lamentablemente.

El caso de los EREs es totalmente palmario al respecto, al igual que otros que hemos citado en muchas ocasiones, y sin embargo a pesar de las criticas de la ciudadanía al que debería ser el –tercer poder independiente-, se convierte en muchas ocasiones en un aliado de la delincuencia como venimos observando últimamente.

 

Juan Dávila-García.