Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, afirmó en un acto que “economía y justicia funcionan como un binomio indisoluble”, ya que el “indiscutible impacto en la economía y es garantía de la paz social y del progreso del país” en la medida en que “la existencia de un sistema judicial eficiente influye directamente en el mejor funcionamiento del mercado de crédito, lo que claramente favorece el crecimiento”. Este planteamiento se acerca a lo que indica el Círculo de Empresarios, en un documento titulado "Justicia, Economía y Empresa", que señala que “existe una amplia evidencia empírica y una sólida fundamentación teórica, que muestra que la eficacia de la organización económica es la clave del desarrollo económico de los países y que tal eficacia está directamente relacionada con el marco jurídico institucional”, pues “un mal funcionamiento de la justicia genera costes difusos u ocultos, de difícil cuantificación, pero relevantes, y que recaen sobre el conjunto de la sociedad, y no solo por los afectados por los procedimientos judiciales”, idea que recoge Santos Pastor Prieto en un trabajo en el que establece que “los operadores registran ese mal funcionamiento como un aumento de la incertidumbre o de los costes, o unos menores beneficios en la actividad que estén desarrollando o piensan desarrollar, y tratarán de trasladarlo en cuanto puedan imponiendo

una mayor prima de riesgo al país (o al prestatario), aumentando los precios, reduciendo la oferta de bienes y servicios o, en su caso, la demanda”. Ciertamente, las declaraciones comentadas son correctas, pero resultan incompletas porque solo hacen referencia a aspectos puramente económicos.

 

Un buen funcionamiento de la Administración de Justicia ayuda a promover, además de mejoras en la economía, avances en lo que respecta a la justicia social, pues ayuda a garantizar la correcta tutela de los derechos de aquellas personas que necesitan la intervención de los órganos jurisdiccionales por haber sufrido daños o perjuicios de otro sujeto, de manera que aquellos que no cumplen sus obligaciones sean compelidos para hacer lo que les incumbe en los diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico. Precisamente, el habitual mal funcionamiento de la Administración de Justicia es un visible signo de debilidad y de existencia de corrupción en los países.

 

Si los procesos judiciales son más rápidos y eficaces, se garantizarán el bienestar social y la felicidad de los ciudadanos, ya que se podrá garantizar que los incumplimientos normativos produzcan las consecuencias determinadas por el ordenamiento jurídico conforme a la normativa aplicable. Habría más seguridad y se atraerían más inversiones y se fomentaría la celebración de más contratos con condiciones adecuadas ante la amenaza de litigar efectivamente por abusos ante los juzgados y tribunales.

 

La Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia establece que “En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados”. El problema es que no parece que haya mucho interés por parte de los dirigentes políticos para cambiar la situación y lograr que la Administración de Justicia en España se corresponda con lo que debería considerarse un Estado moderno y civilizado.