Últimamente se han conocido algunas noticias relativas a conductas que atentan gravemente contra los sentimientos religiosos. Recientemente, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Córdoba ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra la que fuera delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba y presidenta de la Fundación Botí en el pasado mandato, Marisa Ruz, por promover la exposición “Maculadas sin remedio”, de la que formó parte un cuadro en el que se observa a la Virgen María en una situación poco adecuada y que se titula “Con flores a María”. También se han iniciado actuaciones por la petición de Asociación de Abogados Cristianos para lograr la retirada de una figura de un sacerdote rodeado de niños desnudos y unidos al religioso mediante cadenas en la exposición “Pederoclastia” en el Círculo de Arte de Toledo.

 

Es necesario saber que el Código Penal, en el Título XXI del Libro II, titulado “Delitos contra la Constitución”, recoge un capítulo que incluye la regulación de los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Son varios los preceptos que se pueden encontrar en esa parte del Código Penal, pero especialmente llamativo resulta el artículo 525, que castiga con la pena de multa de ocho a doce meses a los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican y a los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.

 

Hay que tener presente que, sobre el precepto indicado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1984 indica que “el delito de escarnio o ultraje contra una confesión religiosa, cuyo bien jurídico protegido es la libertad de conciencia, reconocida como derecho fundamental en el artículo 16 de la Constitución, de acuerdo con la doctrina de esta Sala, según sentencias de diecinueve y quince de julio de mil novecientos ochenta y dos, y veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y tres, exige como condicionamientos para su apreciación: a) En cuanto a la acción o conducta delictiva, el escarnio o ultraje, como sinónimos, el primero de befa o burla, y el segundo de injuriar o despreciar, de forma pública, los dogmas, ritos o ceremonias es decir, verdades fundamentales, reglas del culto y actos externos sobre las prácticas religiosas; b) En cuanto a la antijuricidad, que en la acción realizada se aprecie la repulsa, base fundamental de la misma, por parte del ente social, a través de la norma socio-cultural que rige el grupo en cuyo ámbito sé realiza el delito, y con el resultado una ofensa a los sentimientos religiosos de los adeptos a determinada confesión religiosa; y c) En cuanto al elemento de la culpabilidad, no solamente la conducta y voluntad de la acción que se incrimina como delito, sino la captación de un ánimo específico de injuriar, como sinónimo de propósito deliberado de ofender y tratado por la técnica penal como elemento subjetivo del injusto”. Además, es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1982 concreta, en relación con el conocimiento y voluntad para cometer el delito contra los sentimientos religiosos, que “por otra parte al utilizar la locución “en ofensa” con carácter eminentemente tendencial, está exigiendo el precepto un “animus” especial, como concurre en otros preceptos del Código penal cuando utiliza igual o semejantes palabras se trata en definitiva de un dolo específico o un elemento objetivo del injusto que se añade al tipo”.

 

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó en octubre del pasado año la Proposición de Ley Orgánica para la derogación de los delitos contra los sentimientos religiosos y contra la Corona, que tiene como objetivo derogar una serie de delitos que, según indican los proponentes, “chocan frontalmente con la libertad de expresión desde su propio enunciado” y que “provienen de la dictadura”, de manera que “no tienen cabida en un sistema democrático y plural”. Entre esos delitos que se quieren derogar se encuentra el de escarnio u ofensa contra los sentimientos religiosos, regulado en el artículo 525 del Código Penal, cuya existencia se basa, principalmente, en el respeto que merecen todas las religiones y sus creyentes conforme al artículo 16 de la Constitución, que recoge el derecho fundamental a la libertad de conciencia, pero, según la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de enero de 2018, dictada para resolver el caso Sekmadienis Ltd. contra Lituania, “la libertad de expresión también se extiende a ideas que ofenden, conmocionan o perturban”, pues en “una sociedad democrática pluralista quienes eligen ejercer la libertad de manifestar su religión no pueden razonablemente esperar estar exento de toda crítica”, debiendo “tolerar y aceptar la negación por parte de otros de sus creencias religiosas e incluso la propagación por parte de otros de doctrinas hostiles a su fe”. El problema principal es que, actualmente, se habla mucho de la libertad de expresión, aunque poco de los excesos en los que se incurren hablando o escribiendo al amparo de la misma, olvidando que todos los derechos tienen límites y que la emisión de ideas o pensamientos no puede sobrepasar unos márgenes que sirven para proteger la integridad y la dignidad de los demás ciudadanos, a los que no parece tenerse en cuenta.

 

Es cierto que no debería derogarse el delito contra los sentimientos religiosos en general, pues no parece que sea necesario eliminarlo si se tiene en cuenta la aplicación tan restrictiva del artículo 525 del Código Civil, pero se podría destipificar sin que la conducta verdaderamente punible quede sin castigo, ya que los delitos contra los sentimientos religiosos, en líneas generales, se castigan en una norma especial escasamente utilizado, cuya desaparición no impediría aplicar las normas penales generales correspondientes para imponer una pena. Eso sucede con el delito de escarnio a los sentimientos religiosos, en la medida en que, como señala la Proposición de Ley Orgánica para la derogación de los delitos contra los sentimientos religiosos y contra la Corona, “las críticas que pudieran ofender a los sentimientos de los creyentes, por gratuitas que sean, se entienden que entran dentro del ámbito de la libertad de expresión y quedarían protegidas con la derogación de este artículo 525, mientras la incitación directa a la violencia, el odio y la discriminación religiosa quedaría sancionada en el artículo 510 del Código Penal”, de modo que la pena se impondría por un delito de odio cuando se produzca un escarnio discriminatorio, conllevando la imposición de una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses, una sanción mucho mayor que la del actual artículo 525 del Código Penal, que es de multa de ocho a doce meses. Sin embargo, hay que tener presente que el delito de odio se encuentra ahora mismo en una disyuntiva por la ambigüedad de su configuración, destacada por la Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal, que indica que “la especial consideración de la libertad de expresión como elemento esencial de la convivencia democrática obliga a realizar en cada caso concreto una adecuada ponderación que elimine cualquier «riesgo de hacer del Derecho Penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático» (STC n.º 112/2016, de 20 de junio, FJ 2)”.