Se ha producido un curioso debate sobre la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que, estando en prisión provisionalmente por la acusación que se dirige contra ellos en la Causa especial 20907/2017, desarrollada por el Tribunal Supremo por la posible comisión de delitos de rebelión o de sedición, a los que se puede unir el delito de malversación de caudales públicos. Algunos entienden que la suspensión no es posible, aunque esa idea no parece poder sostenerse con mucha fuerza.

 

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. El problema es que el mismo precepto no se refiere a los casos en los que una persona que se encuentra presa antes de que se dicte una sentencia y que, en un momento posterior al dictado del auto de prisión provisional, consigue un cargo público, habiendo causado esa circunstancia que existan unas dudas que no deberían haberse generado.

 

Hay que tener presente que carece de sentido que una persona que ostenta un cargo público quede suspendida por adoptarse contra ella una medida de prisión provisional y que otra persona, estando sometida a una misma medida de prisión provisional, adquiera la condición de parlamentario posteriormente sin quedar suspendida. Por ese motivo, hay que entender que procede la suspensión de los líderes secesionistas que, estando acusados por cometer varios delitos en el desarrollo de los actos dirigidos a lograr la independencia de Cataluña, han obtenido la condición de parlamentarios.

 

El Tribunal Supremo podría haber declarado la suspensión de los parlamentarios secesionistas. Sin embargo, sus magistrados decidieron realizar una interpretación prudente, probablemente por el temor a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda condenar a España por el desarrollo de actos de un órgano jurisdiccional que puedan ser considerados, en un proceso por una demanda contra el Estado español, intromisiones ilegítimas en el Parlamento.

La interpretación del Tribunal Supremo es adecuada porque el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere a la instrucción, de modo que el órgano jurisdiccional competente para desarrollar el enjuiciamiento no puede suspender a los parlamentarios secesionistas. El Congreso y el Senado si pueden, aunque sus presidentes prefieren, por motivos políticos, dilatar la suspensión de los líderes independentistas todo lo posible.