Un gran espanto ha causado entre los jueces, fiscales y demás colectivos vinculados con la Administración de Justicia la designación de Dolores Delgado, que hasta hace escasos días era ministra de Justicia, como nueva encargada de dirigir la Fiscalía General del Estado. Son muchos los que critican la decisión de Pedro Sánchez para que sea nombrada por Felipe VI para el cargo indicado porque constituye un fuerte golpe a la imagen de la separación de poderes y a la autonomía del Ministerio Fiscal que una institución que se encarga de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad sea liderada por una persona que ha tenido un vínculo tan estrecho con un partido político rector del Gobierno como el que Dolores Delgado ha demostrado desde que fue nombrada ministra de Justicia.

Pablo Casado ha comunicado que tiene pensado dirigir la impugnación del nombramiento de Dolores Delgado como encargada de ocupar y gestionar la Fiscalía General del Estado. Para resolver el recurso contencioso-administrativo es competente la Sala Tercera del Tribunal Supremo, siendo cierto que resulta probable que la pretensión que va a impulsar el líder del PP termine siendo rechazada, pues el Gobierno no atenta contra la legislación aplicable, que permite un amplio margen para actuar discrecionalmente dentro de unos contornos bien definidos.

Para que pudiera prosperar la impugnación del nombramiento de Dolores Delgado como encargada de la Fiscalía General del Estado, debería existir una infracción del artículo 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este precepto establece el procedimiento para la designación, que es difícil de vulnerar, y los requisitos que deben concurrir en el elegido al decir que “El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión”.

Lo que habría que hacer es modificar la normativa aplicable al nombramiento de la persona que tiene que gestionar la Fiscalía General del Estado. Una buena opción es la propuesta por Ciudadanos para establecer una prohibición que impediría que ese cargo pueda ser ocupado por una persona que haya ocupado un cargo político en la Administración Pública durante los diez años anteriores a su nombramiento, aunque esa idea llega algo tarde. Otra posibilidad es establecer que la Fiscalía General del Estado sea dirigida por una persona designada por el Consejo General del Poder Judicial o por una mayoría de tres quintas partes del Congreso, sin que haya elementos que puedan vincular directa o indirectamente al Gobierno con el Ministerio Fiscal.