El programa de Podemos para las elecciones generales que se celebrarán el próximo día 28 de abril recoge en su punto 144 dos medidas diferenciadas. Por un lado, el partido político liderado por Pablo Iglesias indica que desea “despolitizar el Tribunal Constitucional con un sistema de nombramientos en el que prime el consenso y no las cuotas partidistas, contraproducentes para la elección de juristas de reconocido prestigio y para la garantía de su independencia respecto de los partidos políticos en el ejercicio de su cargo”, algo loable en la medida en que se necesita suprimir la influencia del PP y del PSOE en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, además de evitar que cualquier otro partido político pueda incidir en la composición del máximo intérprete de la Constitución. Sin embargo, el mismo punto del programa de Podemos también señala que “Derogaremos la «reforma exprés» de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015, que le atribuyó competencias ejecutivas, como la suspensión de funciones a autoridades, propias de la jurisdicción ordinaria, pero impropias de la neutralidad institucional del máximo intérprete de la Constitución española”.

 

Ciertamente, si se va a despolitizar el Tribunal Constitucional, carece de sentido que se supriman las competencias de ejecución que se le atribuyeron por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, para poder hacer cumplir el contenido de sus sentencias, pues, eliminando la influencia de los partidos políticos, ya se garantizaría plenamente la absoluta imparcialidad, la objetividad y la transparencia, de manera que ya no habría que temer sus resoluciones ni la ejecución de las mismas. Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/2016, de 3 de noviembre, establece que “La finalidad que persigue la reforma es la de introducir «en sede constitucional, instrumentos de ejecución que dot[e]n al Tribunal», que tiene encomendada la función de supremo intérprete y garante de la Constitución mediante el ejercicio de su función jurisdiccional, «de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones»”, destacando la constitucionalidad de la reforma porque “Es justamente en ejercicio de su función jurisdiccional a través de los correspondientes procesos constitucionales, de la que es un componente esencial la potestad de ejecución, cuando el Tribunal, con respeto a los requisitos y garantías establecidos por el legislador, puede llegar a adoptar las medidas legalmente previstas, entre ellas las contempladas en el citado art. 92.4 a) y b) y 92.5 LOTC, para garantizar la efectividad y el cumplimiento de sus resoluciones, de modo que no resultan alteradas ni sus funciones ni su posición institucional”.

 

Parece que el problema de Podemos puede ser, simplemente, que se cumpla la Constitución en lo que a la organización territorial del Estado y que se establezcan mecanismos para lograr la efectividad de las reglas de la norma fundamental del ordenamiento jurídico español.