El PSOE sigue sin querer que Unidas Podemos forme parte del Gobierno que pretende constituir. Por eso, Carmen Calvo ha indicado que su partido le va a ofrecer al de Pablo Iglesias participar en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Defensor del Pueblo y la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, sin perjuicio de su posible inclusión en otras instituciones como el Consejo de Seguridad Nuclear o el Consejo de Estado.

Unidas Podemos no va a aceptar la oferta de asientos en instituciones que no estén incluidas en el Gobierno porque Pablo Iglesias quiere dinero público con el que alimentar redes clientelares que resultarían muy útiles para garantizar la supervivencia electoral de su partido político en los próximos años. Pedro Sánchez lo sabe y, por ese mismo motivo, está ofreciendo cargos vinculados con instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o el Defensor del Pueblo, sabiendo que no puede permitir que Unidas Podemos se apropie del control de entidades sociales que el PSOE lleva décadas controlando para garantizar la satisfacción de sus pretensiones políticas.

Lamentable resulta la situación, pues la oferta del PSOE ha terminado logrando que se visibilice totalmente hasta qué punto los partidos políticos han conseguido mantener el secuestro del sistema, que las mismas entidades controlan por requerirse, mediante su actuación oligopólica, su acuerdo para configurar la composición de organismos públicos que pueden formar atendiendo exclusivamente a sus intereses.

Que las instituciones públicas sean como un pastel cuyas porciones se reparten los partidos políticos constituye un grave problema y que se reconozca ese hecho supone una muestra de la degeneración del sistema político vigente. Según el artículo 6 de la Constitución, “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, pero se han convertido en la principal causa del proceso de putrefacción que están sufriendo en muchos aspectos la interpretación y la aplicación de la misma Constitución.