Pablo Iglesias ha encadenado en las últimas semanas algunos ataques intensos contra el sistema judicial español. El primero lo ejecutó durante una intervención por la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en la que afirmó que entre los “muchos enemigos” a los que tendrá que enfrentarse el Gobierno controlado por el PSOE y Unidas Podemos se encuentran los “togados de ideología reaccionaria” que “antepondrán la misma a la aplicación del Derecho”. El segundo lo materializó al señalar en una entrevista emitida por Antena 3 que la interpretación por el Tribunal Supremo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, que resolvió unas cuestiones prejudiciales planteadas sobre la inmunidad europarlamentaria de Oriol junqueras, “es una humillación para España” y “deja en muy mal lugar a nuestra Justicia”.

Frente al segundo ataque, la Comisión Permanente emitió un comunicado el pasado día 15 de enero para mostrar su rechazo las declaraciones de Pablo Iglesias, expresando que “desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro estado social y democrático de Derecho”.

Pablo Iglesias se ha limitado a defender todas las actuaciones realizadas para favorecer a los secesionistas catalanes obviando el contenido de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, en la que se establece que la “inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas”, pero si el tribunal nacional competente estima “que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad”. Además, el Auto del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2020 determina que “en este momento no procede activar el suplicatorio para mantener el obstáculo al desplazamiento que representa la privación de libertad del Sr. Junqueras”, pues “Ya existe sentencia firme, para cuyo pronunciamiento no existía impedimento alguno” y “Para su dictado ningún obstáculo proyectaba la determinación del alcance de la inmunidad de desplazamiento reconocida”, debiendo procederse, por tanto, con “la obligada ejecución, sin óbice alguno, del pronunciamiento firme que implica la pérdida de la condición de parlamentario europeo”, por la que “Carece de objeto, por tanto, instar el suplicatorio para permitirle acudir a acreditarse como parlamentario y asistir a las sesiones de la Cámara”.

La misma resolución también destaca que “La intangibilidad de la cosa juzgada no es, desde luego, un mero enunciado formal mediante el que esta Sala rechaza la solicitud que ahora se hace valer”, ya que “Su valor como presupuesto de la seguridad jurídica ha sido también puesto de manifiesto por el TJUE, que ha llegado a proclamar que el derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las normas de procedimiento internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración del Derecho comunitario por la decisión en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de junio de 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, apartados 46 y 47 y la más reciente sentencia 16 de marzo de 2006, C-234/04, apartado 21)”.

Lo llamativo es que, después de criticar a los magistrados del Tribunal Supremo por no aplicar el contenido de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 en un sentido favorable a los independentistas, Pablo Iglesias terminó afirmando en la entrevista realizada en Antena 3 que “la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad y demostrar que la Fiscalía actúa con principios de autonomía y respetando la legalidad vigente”, añadiendo que “todos los jueces y fiscales tienen su ideología, es legítimo en democracia, lo que no puede ser es que ponga su ideología por delante del Derecho”. Estas declaraciones son una muestra de falta de coherencia absoluta, pues no resulta ético ni estético que un vicepresidente del Gobierno defienda a una fiscal con la que le conviene mantener una buena relación utilizando argumentos que ha preferido ignorar para criticar al Tribunal Supremo por adoptar una decisión jurídicamente válida con la que muestra un absoluto desacuerdo.

Pablo Iglesias debería ser consciente que todos los ciudadanos, incluyendo a él mismo, deben respetar las resoluciones judiciales, que son de obligado cumplimiento para todos, sin poder verte críticas, más allá de las técnico-jurídicas, sobre el trabajo de los jueces y tribunales.