Últimamente, cada viernes se aprueba con cada reunión del Consejo de Ministros uno o varios decretos-leyes que pueden provocar que se piense que el dinero público crece en los árboles, como las manzanas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha comunicado que los decretos-leyes que se han estado aprobando los viernes previos a las elecciones generales han supuesto un gasto que el pasado día 5 de abril ascendía a 920 millones de euros. Con ese dinero, el Gobierno está financiando la campaña electoral del PSOE, que espera convencer a los electores a base de billetes del dinero público, que, tras las próximas elecciones, tendrán que recuperarse con un más que probable atropello fiscal a todos los ciudadanos impulsado por los miembros del siguiente Gobierno, con independencia del signo ideológico y de las promesas electorales que hayan podido hacer.

 

El PP ya ha comunicado que va a presentar recursos de inconstitucionalidad contra los decretos-leyes que el Gobierno ha ido dictando durante las últimas semanas. El problema es que el Tribunal Constitucional tardará meses o años en resolver y, aunque se declare la inconstitucionalidad de todos o de algunos decretos-leyes, el dinero invertido ya no podrá recuperarse debido a la doctrina recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de julio, que establece que “Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme» [SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la anterior 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de abril, FJ 4]”.

 

Es fácilmente perceptible la falta de responsabilidad que se está manifestando a los efectos de lograr que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno, con independencia de las consecuencias y de los problemas económicos que sus decisiones puedan llegar a generar para los ciudadanos.