Desde hace tiempo se reclama la creación de un ministerio que trate específicamente el problema de la “España vaciada” para que se gestione desde el Gobierno la repoblación de aquellos municipios en los que se está produciendo una preocupante reducción del número de habitantes. Las peticiones se han dirigido desde asociaciones y colectivos que reclaman resolver un problema que podría generar numerosas controversias en el futuro.

No tiene mucho sentido que se soliciten actividades al Gobierno para la repoblación de la “España vaciada”, pues las competencias sobre la materia corresponden, según el artículo 148 de la Constitución, a las Comunidades Autónomas, que han favorecido el incremento del número de residentes en las capitales de provincia olvidando la ordenación del territorio. La Carta Europea de la Ordenación del Territorio del Consejo de Europa, aprobada en 1983, define la misma como “la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad”, fijando una serie de objetivos: a) el desarrollo socieconómico equilibrado de las regiones, con una clara tendencia a la eliminación de las grandes diferencias en el nivel de vida; b) la mejora de la calidad de vida que, entre otras cosas, se concreta en una mayor accesibilidad de la población a los equipamientos colectivos de todo tipo en la mejora de las infraestructuras; c) la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio natural que haga compatible la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos y su conservación, así como el respeto a las peculiaridades propias de cada comarca en cuanto a sus formas de vida; y d) la utilización racional y equilibrada del territorio, definiendo los usos aceptables o a potenciar para cada tipo de suelo, creando las adecuadas redes infraestructurales e incluso fomentando, con medidas incentivadoras, aquellas actuaciones que mejor persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario.

 

Los dirigentes de las Comunidades Autónomas podrían decisiones vinculadas con la ordenación del territorio, medidas que puedan ayudar a una descentralización demográfica necesaria que se podría lograr con un trasvase económico a los municipios más pequeños favorecido con obras públicas y con subvenciones y beneficios fiscales para personas físicas y jurídicas que localicen sus respectivos negocios en los pueblos menos habitados. Además, se deberían incrementar las inversiones sanitarias y educativas para que haya en las pequeñas poblaciones un grupo de profesionales que puedan satisfacer los servicios esenciales para mantener la cohesión territorial en aquellos municipios que están sufriendo el éxodo de muchos de sus habitantes.