Ochenta años después de terminada, la guerra civil sigue pesando de modo obsesionante sobre la conciencia histórica de España. La pugna continúa no solo en las ideas e interpretaciones, sino en la política, lo que es más peligroso, generando acciones y leyes de partidos y gobiernos. La causa de este hecho, que escandaliza a unos, fascina a algunos y hastía a otros, salta a la vista: aquel conflicto no ha sido aún asimilado por la sociedad, pese a la imponente bibliografía que ha engendrado, en español y otros idiomas. Y no lo ha sido porque las tergiversaciones, enfoques ilógicos y cargados de emocionalidad  han alcanzado un volumen realmente asombroso: se ha dicho que es quizá el suceso de los años 30  sobre el que más falsedades se han contado y se siguen contando.

 

   En esta maraña de datos y versiones, ¿será posible alcanzar un enfoque lo bastante veraz para disolver tal obsesión? Creemos que sí, lo cual no significa el fin de la controversia,  sino su elevación a un plano más racional y objetivo.

 

   En la historiografía pueden y suelen cometerse dos tipos de errores: de detalle y de enfoque. Los de detalle son inevitables por muy cuidada que esté la descripción de los hechos, pero apenas influyen en la calidad del trabajo a menos que abunden mucho. Los de enfoque o análisis, en cambio, son decisivos porque tergiversan o pervierten el conjunto, al encajar la descripción en un cuadro falso.

 

   El fondo del actual debate sobre la guerra civil gira sobre un punto clave: ¿qué bando tuvo la legitimidad, o, en términos vulgares, fue “el bueno”? Al respecto observamos tres posturas: una, muy mayoritaria hoy, afirma sin duda que la legitimidad corresponde al bando que llaman la república; otros, ciertamente muy minoritarios, piensan lo contrario; y finalmente hay quienes opinan que todos fueros malos, más o menos por igual, “enemigos de la democracia”, gente más o menos enloquecida y vesánica que arrastraron a la lucha a una multitud de españoles que “simplemente pasaban por allí”.

 

   Esta tercera posición, que defiende algún partido descendiente de los vencedores y avergonzado de ello, es sin duda la más endeble, por mucho que enarbole el mito de “la tercera España”. La guerra se dio en un país socialmente muy polarizado por ideologías y políticas que afectaban a casi toda Europa y abocarían a una guerra europea mucho más brutal que la española, sin que a nadie se le ocurra que fueron unos cuantos desalmados, a un lado y al otro, los que arrastraron a los demás. Este enfoque apenas merece atención porque es la sustitución de la historia real por buenas intenciones presuntamente humanitarias, y del razonamiento por invocaciones moralistas o supuestamente democráticas.

 

   En cuanto a las otras dos, he hablado algo impropiamente de debate. No ha existido tal, si por ello entendemos una discusión pública e intelectual al respecto. Esta ha sido sustituida desde hace bastantes años por la repetición abrumadora de una versión en la literatura, el cine, la universidad, los medios de difusión y la política. Invocando la democracia, sus actitudes son totalitarias, concretadas desde hace doce años en una llamada “ley de memoria histórica”, con amenaza implícita sobre las libertades de investigación, expresión y cátedra. Amenaza que se viene haciendo cada vez más perentoria y que recientemente se ha pretendido imponer explícitamente con penas de multas y cárcel para quienes desafiaran la versión que pretende oficializarse. Esta ley, claramente antidemocrática, ha sido votada en las Cortes y no ha suscitado la menor reacción en la universidad, lo que indica algo sobre la calidad democrática de dichas Cortes e intelectual de la universidad y de la versión allí defendida. Y se difunde mediante una constante propaganda subvencionada, que han de pagar todos los españoles, muestra nuevamente de una actitud totalitaria, tan peligrosa para la democracia como para la salud intelectual del país.

 

   No obstante, hoy por hoy persiste la posibilidad de exponer ideas distintas, si bien hostigadas por diversas formas de censura y veto en los grandes medios de masas y en la universidad. Esta situación de legislación totalitaria  y de acoso a la disidencia debe ser denunciada en el prólogo de cualquier libro de historia que hoy se publique, y por otros medios, porque se otro modo terminará imponiéndose.