Grande ha sido el revuelo provocado por el rechazo del Parlamento catalán frente a la propuesta de nombrar senador a Miquel Iceta que se había postulado, por la gracia de Pedro Sánchez, como futuro presidente del Senado. Dadas las reglas de causalidad cuyo cumplimiento es inevitable, al no haber sido el líder del PSC nombrado senador, no podrá ocupar la presidencia de la que es Cámara de representación territorial. Todo ello se debe, en una gran parte, a la falta de colaboración de los partidos políticos independentistas de Cataluña que, en contra de los pronósticos hechos en el PSOE, decidieron castigar la muestra de torpeza mezclada con prepotencia generada tras la victoria del partido político de Pedro Sánchez en las elecciones generales del pasado día 28 de abril.

 

El artículo 23 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal y que tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Por ese precepto, se ha decidido presentar un recurso de amparo, pues en el PSOE se considera que se ha producido la vulneración del derecho fundamental de Miquel Iceta a acceder a las funciones y cargos públicos.

 

Hay que tener presente que el contenido del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos tiene unos aspectos muy concretos. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2017, de 19 de junio, “El artículo 23.2 CE, que reconoce el derecho de los ciudadanos “a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”, no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga (SSTC 40/2003, de 17 de febrero, FJ 2; 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, y 199/2016, de 28 de noviembre, FJ 3, entre otras)”.

 

La situación anteriormente descrita puede llegar a ser tan absurda como la de un militante de un partido político que alegue la vulneración de su derecho fundamental a acceder a los cargos públicos tras ser excluido de las listas para un proceso electoral. Ciertamente, ante el panorama expuesto, es difícil poder afirmar que se ha vulnerado el derecho a acceder a las funciones y cargos públicos de Miquel Iceta, pues el mismo derecho no se extiende a la obligatoria aprobación por el Parlamento catalán para que sea nombrado como senador, siendo cierto que no se puede entender que exista una vinculación de los grupos parlamentarios en Cataluña a las votaciones realizadas en el pasado por la que obligue a aceptar al candidato propuesto para el Senado por otros grupos parlamentarios, pues la Constitución, el artículo 174 del Reglamento del Parlamento catalán y la Ley 6/2010 de Cataluña, que regula el procedimiento de designación de los senadores que representan a la Generalidad en el Senado, nada establecen al respecto.

 

El Tribunal Constitucional podría inadmitir el recurso de amparo presentado por Miquel Iceta, aunque es muy posible que lo admita a trámite, en cuyo caso estudiaría el fondo del asunto desestimando la demanda del dirigente socialista. El razonamiento jurídico principal se referiría a que, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/2018, de 17 de diciembre, el derecho a participar en los asuntos públicos “se trata de un derecho de configuración legal, que corresponde establecer a los Reglamentos parlamentarios, «a los que compete fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios que, una vez creados, quedan integrados en el estatus propio de su cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del artículo 23.2 CE, reclamar su protección cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren [STC 36/2014, de 27 de febrero, FJ 5, y las allí citadas, así como las SSTC 107/2016, de 7 de junio, FJ 4 B) a), y 108/2016, de 7 de junio, FJ 4 B) a)]”, debiendo destacarse que, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2019, de 28 de enero, “según señalara, entre otras, la STC 39/2008, de 10 de marzo, FJ 5, respecto del núcleo de la función representativa parlamentaria cabría apreciar vulneración del artículo 23.2 CE «si los propios órganos de las Asambleas impiden o coartan ilegítimamente su práctica o adoptan decisiones jurídicamente reprobables que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes»”.

 

Lo que ha ocurrido con Miquel Iceta es, simplemente, un ejemplo de lo que puede suceder por querer contentar a los independentistas catalanes sin darles expresamente el referéndum que ellos piden. Ante esta situación, Pedro Sánchez queda entre la espada y la pared, pues no parece que ahora mismo se pueda descartar la celebración de unas nuevas elecciones generales.