Jordi Cuixart ha publicado un libro con el que ha aprovechado para desahogarse tras todo lo vivido en el proceso por la Causa especial 20907/2017, en el que se le ha juzgado por haber participado en el plan secesionista para lograr la independencia de Cataluña con la comisión de delitos de rebelión o de sedición. Entre sus afirmaciones, hay muchas que, con tono poco amistoso, dirige a Manuel Marchena. También dedica palabras al Estado, al que acusa de haber utilizado el Derecho Penal del enemigo contra él mismo y otros acusados por haber ejercido, según el propio Jordi Cuixart, derechos fundamentales, como los de reunión y manifestación.

 Hay que tener presente que la afirmación de Jordi Cuixart en relación con el Derecho Penal del enemigo se basa en las alegaciones realizadas por su abogada, Marina Roig, en las conclusiones del juicio oral. En ellas, indicó que el Estado se ha dirigido contra su cliente y los demás acusados con el objetivo de reprimir a los impulsores de la materialización del deseo del pueblo catalán de lograr su independencia.

 Es necesario conocer el Derecho Penal del enemigo para poder hablar de la cuestión. Concretamente, como puede observarse en Derecho Penal del enemigo, obra de Günther Jakobs y Manuel Cancio Meliá, “el Derecho penal del enemigo se caracteriza por tres elementos”: En primer lugar, “se constata un amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir, que en este ámbito, la perspectiva del ordenamiento jurídico-penal es prospectiva (punto de referencia: el hecho futuro), en lugar de -corno es lo habitual- retrospectiva (punto de referencia: ef hecho cometido)”; en segundo lugar, “las penas previstas son desproporcionadamente altas: especialmente, la anticipación de la barrera de punición no es tenida en cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada”; y, en tercer lugar, “determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas.”, Por estas apreciaciones, llega a afirmarse en la obra citada que “la esencia de este concepto de Derecho penal del enemigo está, entonces, en que constituye una reacción de combate del ordenamiento jurídico contra individuos especialmente peligrosos, que nada significa, que de modo paralelo a las medidas de seguridad supone tan sólo un procesamiento desapasionado, instrumental, de determinadas tientes de peligro especialmente significativas”, constituyendo un instrumento con el que “el Estado no habla con sus ciudadanos, sino amenaza a sus enemigos”.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 829/2006, de 20 de julio, establece que el Derecho Penal del enemigo se centra en lo que el autor pueda hacer como terrorista, provocándose un “decaimientogeneralizado” de las garantías procesales y la imposición de penas cuya gravedad y desproporcionan “desbordan la idea de ponderación, mesura y límite anudados” a la idea de Derecho Penal. Según la misma resolución, “el derecho penal del enemigo, vendría a ser, más propiamente la negación del derecho penal en la medida que trata de desposeer a sus posibles destinatarios de algo que les es propio e inderogable: su condición de ciudadanos de la "polis"”, pues “No se pueden defender desde el Estado los valores de la libertad, convivencia, pluralidad y Derechos Humanos, con iniciativas caracterizadas por la vulneración de los valores que se dicen defender”, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo 1179/2001, de 20 de julio, que establece que “desde la legitimidad de la sociedad a defenderse del terror, esta defensa sólo puede llevarse a cabo desde el respeto de los valores que definen el Estado de Derecho, y por tanto sin violar lo que se afirma defender”.