El problema de las cláusulas abusivas en los préstamos bancarios ha afectado ya a muchísimas personas. Todos los meses hay novedades jurisprudenciales en relación con las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado y muchas otras, como las cláusulas de valoración multidivisa de los intereses.

 

Hace varios días se publicó la noticia referente a que la Administración puede sancionar a los bancos por cláusulas abusivas sin sentencia previa según una sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, ese hecho no es noticia desde hace más de un año.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 1557/2017, de 16 septiembre, ha señalado que las Administraciones Públicas pueden imponer sanciones administrativas a las entidades que fijen en sus contratos cláusulas abusivas sin una declaración judicial previa. Concretamente, la resolución dice que “cuando se trata de sancionar por la introducción de cláusulas abusivas, y se impone esa declaración previa de la jurisdicción civil que declare, es de suponer que por sentencia firme, el carácter abusivo de la cláusula, no sólo retrasa el ejercicio de la potestad sancionadora, sino que lo impide, si tenemos en cuenta que la Administración carece de acción para acudir a dicha jurisdicción, postulando la nulidad de una cláusula puesta de un contrato privado entre una entidad bancaria y el usuario de sus servicios”.

 

Hay que tener presente la regulación contenida en los artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esa Ley, que también indica que las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

 

Realmente, si se respetan los principios de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015 en los procedimientos administrativos que se deben desarrollar conforme a la Ley 39/2015, pueden establecerse sanciones conforme a la legalidad gracias a la autotutela administrativa, que no podrá servir para imponer pena privativas de libertad conforme al artículo 25 de la Constitución, sin que se necesite una sentencia dictada por un juez. Además, hay que destacar que el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE indica que “Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”.

 

Cualquier medio que, conforme a las leyes, pueda servir para impedir la existencia de cláusulas abusivas, deberá ser acogido con alegría. La razón es sencilla, ya que cualquier persona es un consumidor o usuario en el desarrollo de las actividades que realiza fuera del ámbito profesional.