La Junta de Andalucía, controlada por el PP y Ciudadanos, ha decidido suprimir las ayudas que recibían 241 asociaciones especializadas en violencia de género. Esta noticia resulta lamentable, pero no por la retirada de las subvenciones, sino por la existencia de 241 asociaciones que, en un ámbito autonómico, han estado siendo financiadas con dinero público para desarrollar actuaciones que corresponden a las Administraciones Públicas competentes y que podrían haber obrado más efectivamente durante los últimos años disponiendo del dinero que se regaló a entidades próximas al PSOE.

No resulta extraño que la oposición en el Parlamento andaluz haya puesto el grito en el cielo pidiendo explicaciones sobre la decisión del Gobierno Andaluz, al igual que tampoco parece raro que medios como El País hayan criticado la medida presentándola como una restricción de ayudas para “fomentar la igualdad y combatir la violencia machista y la exclusión social de las mujeres, destinadas a 241 ONG y asociaciones”, provocando que llegue a afirmar que “proyectos para luchar contra la violencia de género hacia mujeres con discapacidad o para frenar la trata de inmigrantes no serán apoyados por el Gobierno andaluz este año”. Sin embargo, la decisión ha sido correcta, principalmente porque resulta fácil entender, atendiendo a las entidades públicas que buscan promocionar la igualdad, que no hacen falta tantas asociaciones para proteger a las mujeres.

El artículo 31 de la Constitución establece que los recursos públicos deberán ser utilizados conforme a los criterios de eficiencia y economía, aprovechando lo mejor posible los fondos públicos. Si se quiere utilizar correctamente el dinero obtenido de los contribuyentes para garantizar la protección de las mujeres, hay organismos públicos que necesitan financiación y que pueden desarrollar sus finalidades en ese ámbito de un modo muy efectivo.

Por un lado, se podría destinar más dinero a las unidades especializadas en la prevención de la violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que necesitan más medios para desarrollar su trabajo. Por otro, se podría invertir más dinero a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, que tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

La existencia de 241 asociaciones especializadas en violencia de género que reciben subvenciones públicas en Andalucía constituye un gran obstáculo para que se puedan financiar medios con los que combatir eficazmente la violencia contra las mujeres, que se encuentran desprotegidas por el interés de unos pocos que pretenden instrumentalizarlas para justificar la obtención de importantes cantidades de dinero público que no llega a repercutir favorablemente en las víctimas. Este problema es un fenómeno que, lamentablemente, puede estar produciéndose con todo tipo de asociaciones en todo el país, fomentándose, de ese modo, actos de derroche de cantidades de dinero público que, por destinarse a redes clientelares, no se dedica a los ciudadanos, que deberían ver los frutos positivos de su contribución al sostenimiento de los gastos públicos en lugar de un vergonzoso despilfarro.