Estos días, sobre todo entre formaciones políticas que se consideran “novedosas”, parece bastante común reclamar “menos Estado”. En principio, podría pensarse que ésto, dicho así sin más, es una soberana estupidez. No puede referirse a “menos Estado”, como en Cataluña, donde la claudicación del Estado y la utilización de los resortes por parte del agit-prop nacionalista ha estado a punto de dar al traste con la Unidad del país. Esos mismos que piden “menos Estado” reclaman también, y por seguir con el ejemplo de la crisis del referéndum independentista del 1-O, que el Estado “actúe”. Evidentemente, no caen en la contradicción intrínseca entre el eslógan de “menos Estado” y lo que pasa cuando el Estado se toma vacaciones y claudica de su obligación.

 

Para ilustrar lo que significa “menos Estado” aducen cifras mastodónticas -es verdad- de empleo público o cosas como la duplicación de competencias entre empleados del Estado central y de las comunidades autónomas. A veces incluso se quejan de la alta ineficacia para crear una empresa o para despedir a alguien. Todo esto no arroja ni un ápice de luz al problema precisamente porque, por ejemplo, de existir un Estado sustancialmente reducido podría haber también laberintos burocráticos para crear una empresa, gestionar despidos o puestos de trabajo. ¿En qué quedamos entonces? ¿El mal está en el tamaño del Estado o en su ineficacia, no necesariamente relacionada con su tamaño?

 

Todo esto es tan impreciso que suena más bien a prejuicio ideológico: en nombre de un dogma se sacrifica la razón y, en este caso concreto, todo apunta a la vieja cantinela liberal de criminalizar la actividad del Estado, como si de él procedieran cualquier restricción a la libertad individual. Esto es una falsedad de todo punto, dado que no hace falta pensar demasiado para percatarse de que la pobreza -quizás la mayor de las restricciones a la libertad humana- también puede proceder de manos privadas. Quejarse por la gestión del Estado, como si de él procediesen todos los males, y permanecer acríticos o mudos respecto de las tropelías de un mercado que no tiene que rendir cuentas a nadie es, sencillamente, una estafa intelectual. Y lo malo es que no solo se permanece en silencio ante las tropelías del mercado si no que se pretende presentar cualquier intento de regulación del mercado por parte del Estado como una intolerable intromisión. Al final todo desemboca en un dualismo maniqueo totalmente irreal, en el que de parte del mercado están la audacia, el espíritu emprendedor, el mérito y el sacrificio, mientras que del Estado están el conformismo, la molicie, la corrupción del enchufismo y la vida muelle. Esta caricatura se agrava cuando, al menos en España, el trabajo en el Estado permite una estabilidad económica y vital, algo consustancial a la vida humana, aunque le pese al mercado.

 

Desde el punto de vista ético, parece como si un sistema funcionase incluso más moralmente cuanto menos regulado está: el mercado óptimo es el mercado desregulado. Será para algunos. Tamaña tontería resulta inaceptable.

 

¿Cómo centrar entonces la cuestión? ¿Donde está el origen de los males que denuncian los que piden con tanta frivolidad “menos Estado”? Creemos que todo este embrollo nace de la mayor confusión que puede haber en política: aquella que confunde medios con fines. En el asunto del Estado -si dejamos a un lado la ridículas pretensiones de los delirios anarquistas- el problema está en confundir los fines y obligaciones que tiene el Estado con la estructura de la que el Estado debe dotarse para cumplir esos mismos fines. Por ejemplo, cuando para disminuir las cifras de paro se crean innecesaria y artificialmente plazas de empleo público se está confundiendo la necesidad real que el Estado tiene de ellas (finalidad) con la estructura del propio Estado (organización).

 

Empecemos por decir, por tanto, que es obligación del Estado preservar la soberanía de la nación, la integridad moral y física del pueblo y el patrimonio cultural heredado. Debe quedar claro que es obligatorio por parte del Estado alcanzar estos fines con eficacia, una eficacia medible y constatable, que es quién a la postre determina su estructura y organización. El criterio de aumentar o disminuir el tamaño del Estado no puede ser un criterio numérico si no de eficacia en torno a unos fines, algo que sorprendentemente se exige a todos excepto a los políticos. Bajo esta óptica tiene tanto sentido decir “menos Estado” como decir “más Estado” y reclamar una de estas opciones sin más es tan irracional que cabe utilizar la filosofía de la sospecha: ¿no será que alguien quiere vaciar al Estado para entregar sus competencias y sustituir sus finalidades por las de un puñado de conglomerados económicos gigantescos? Esa es la sospecha que pesa sobre los liberales desde que aparecieron por el mundo: su retórica en favor de la libertad individual no se compadece con el resultado de un poder que acaba por yacer inerme en las manos de los archipoderosos, en detrimento los que menos tienen. Al final resulta que su “libertad” es la libertad del zorro en el gallinero. No es de extrañar que, en la cortedad de miras que produce este dogmatismo, se aduzca una y otra vez el ejemplo del empresario, como trasunto del político. Algunos, en su ignorancia existencial en modo alguna diferente de la de los marxistas, creen que la política es solamente una manera de administrar mejor de cara a la cuenta de resultados: desde el liberal clásico para el que todo lo político queda sometido al “laissez-faire” hasta los ordoliberales, que creen que el cometido del Estado es facilitar el marco regulador de la libre competencia, pasando por los liberales de la escuela de Chicago, todos ellos, como ocurre con los marxistas, no son si no variantes del Homo economicus. Es absurdo por tanto declararse “neoliberal” en lo económico y católico, monárquico, republicano, etc. El liberalismo es una concepción economicista que todo lo impregna inasimilable para una visión trascendente, como por ejemplo, el cristianismo.

 

La razón de tanta confusión es que esos que hoy quieren dominarnos se han preocupado antes de la proletarización intelectual de nuestros pueblos, como arma letal con la que lograr ese poder que tanto ansían.