Se necesita una ley de armonización de la educación en España

 Las últimas noticias que se han podido conocer sobre las relevantes diferencias en la programación educativa de las Comunidades Autónomas, que tienen diferentes planes y distintos libros para lograr el aprendizaje de contenidos que deberían ser idénticos, ha revelado la necesidad de aprobar una ley de armonización de la educación para asegurar la igualdad de todos los españoles en lo que respecta a la educación, conforme a los artículos 14, 27 y 139 de la Constitución.

Hay que tener presente que la ley de armonización se encuentra regulada en el artículo 150.3 de la Constitución, que indica que “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general”, correspondiendo “a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”. Sobre esa cuestión, la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto, establece que “el art. 150.3 constituye una norma de cierre del sistema, aplicable sólo a aquellos supuestos en que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general, pues en otro caso el interés que se pretende tutelar y que justificaría la utilización de la técnica armonizadora se confunde con el mismo interés general que ya fue tenido en cuenta por el poder constituyente al fijar el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.

Ya se elaboró el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, conocido como “LOAPA”. Sin embargo, el día 2 de agosto de 1982 se presentaron varios recursos previos de inconstitucionalidad frente a ese proyecto solicitándose que se declarase la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, tanto en su conjunto, por violación de los artículos 81.1 y 150.3 de la Constitución al atribuírsele carácter o naturaleza de ley orgánica y armonizadora, como en relación con aquellos preceptos concretos que se especificaban por el recurrente. Finalmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983 dejó sin contenido el texto impugnado.

Aunque se pueda necesitar la armonización de la educación en España, existe un grave problema, pues esa ley de armonización de la educación no se va a aprobar en la medida en que la misma no generaría beneficios para los partidos políticos, cuyos dirigentes están más pendientes de sus objetivos, cuyo cumplimiento depende de redes clientelares de naturaleza autonómica y local, que de los intereses generales.