Isabel Díaz Ayuso desea lograr una despresurización fiscal en la Comunidad de Madrid mediante una bajada de las cuotas tributarias de impuestos que producirá una clara bajada de la presión fiscal en su territorio. Los presidentes de los gobiernos de las Comunidades Autónomas controladas por el PSOE han alzado la voz en contra de esta decisión.

 

Hay que tener presente que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, determina el alcance de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia tributaria. La aplicación de los tributos y la potestad sancionadora respecto a sus propios tributos corresponderá a la Comunidad Autónoma respectiva, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo. En el caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la Ley que regule la cesión de tributos, una serie de competencias normativas específicas: a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota; b) En el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones; c) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones, así como la regulación de la gestión; d) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, la regulación del tipo de gravamen en arrendamientos, en las concesiones administrativas, en la transmisión de bienes muebles e inmuebles y en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía; y en la modalidad “Actos Jurídicos Documentados”, el tipo de gravamen de los documentos notariales. Asimismo, podrán regular deducciones de la cuota, bonificaciones, así como la regulación de la gestión del tributo; e) En los Tributos sobre el Juego, la determinación de exenciones, base imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas, bonificaciones y devengo, así como la regulación de la aplicación de los tributos; f) En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la regulación de los tipos impositivos; y g) En el Impuesto sobre Hidrocarburos, la regulación del tipo impositivo autonómico.

 

Que los presidentes de gobiernos de otras Comunidades Autónomas protesten frente a la postura de Isabel Díaz Ayuso carece de sentido, pues el autogobierno autonómico, conforme a los artículos 2 y 143 de la Constitución, implica que cada gobierno autonómico tiene facultades para ejercitar la iniciativa legislativa para su respecto territorio, que podrá dar lugar a leyes autonómicas aprobadas por el parlamento autonómico correspondiente. Este elemento de configuración de la organización territorial del Estado causa que en cada Comunidad Autónoma se ejerzan competencias legislativas en el sentido más adecuado para cada caso, adoptándose la postura que se considere más idónea para materias como la tributaria, en la que, por el régimen autonómico, se ha creado una situación de competencia fiscal por la que se puede buscar, legal y legítimamente, la atracción de personas y de capitales.