El coordinador de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, piensa que es posible perseguir por la vía penal a los conductores de vehículos “altamente contaminantes” en los casos en los se acuerden restricciones de tráfico por altos niveles de polución. Para este fiscal, el argumento jurídico justificativo de su plan se encuentra en una interpretación del artículo 325 del Código Penal con un planteamiento más amplio, partiendo de la idea de que este precepto establece que “Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas”.

La Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid establece la imposición de multas para aquellos que vulneren sus disposiciones relativas a las medidas para restringir la contaminación, que se consideran necesarias porque “La movilidad urbana sostenible posibilita el ejercicio efectivo de los derechos individuales de forma compatible con la protección de la salud y la integridad física de las personas, a través de la seguridad vial y las medidas para la mejora de la calidad de aire y la protección del medio ambiente urbano”, facilitando también “el desarrollo de la actividad económica, el progreso social y técnico, y la protección de patrimonio histórico-artístico y cultural de forma medioambiental y energéticamente sostenible”. Para Antonio Vercher, esta norma resulta insuficiente para combatir la contaminación por los vehículos que generan una mayor contaminación.

Hay que destacar que el artículo 325 del Código Penal se puede entender como un precepto desproporcionado para castigar a los conductores de los vehículos “altamente contaminantes”. La Sentencia del Tribunal Supremo 105/1999, de 27 de enero, establece que “se centra en provocar o realizar directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, en el suelo o las aguas terrestres o marítimas que pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan perjudicar gravemente las condiciones de vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles, contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente”, siendo cierto que “Tales emisiones o vertidos han de poner en peligro grave la salud de las personas o perjudicar gravemente las condiciones de vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles”. La misma resolución determina que la valoración de la gravedad “implica un juicio de valor”, por el que “habrá que acudir a la medida en que son puestos en peligro, tanto el factor antropocéntrico, es decir, la salud de las personas (incluida la calidad de vida por exigencia constitucional) como las condiciones naturales del ecosistema (suelo, aire, agua) que incluyen, por tanto, la gea, la fauna, y la flora puestas en peligro, forman las dos que pueden actuarse tanto por emisiones como por inmisiones (vertidos)”.

En el caso de la contaminación por la circulación de vehículos contaminantes, no se puede atribuir a un conductor individualmente considerado un delito medioambiental, pues es la suma de coches y ciclomotores considerados conjuntamente lo que provoca el riesgo para la salud de las personas. Así se deduce de la necesaria aplicación proporcionada de las disposiciones sancionadoras, sobre la que la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1992 establece que “Con reiteración viene manteniendo la procedencia de concretar las sanciones administrativas en contemplación de la infracción cometida, graduándolas con el adecuado criterio de proporcionalidad insito en los principios ordenadores del Derecho sancionador, sopesando a tal fin las circunstancias concurrentes en el hecho constitutivo de la infracción sancionada, correspondiendo a la actividad jurisdiccional, como se dice en la Sentencia de 26 de septiembre de 1990 no sólo la facultad de subsumir la conducta del infractor en un determinado tipo legal, sino también adecuar la sanción al hecho cometido, ya que en uno y otro caso, se trata de la aplicación de criterios jurídicos plasmados en la norma escrita e inferible de principios infamadores del ordenamiento jurídico sancionador, como son los de congruencia y proporcionalidad entre la infracción y la sanción”.