El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la juez Ángeles Núñez Bolaños por “la desatención y retraso injustificado” en la tramitación y resolución de las causas de corrupción de Andalucía, con las que se están perjudicando “los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia” y “favoreciéndose” que “la acción penal no alcance sus objetivos”.

 

La denuncia se refiere a la posible comisión de una infracción del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o del artículo 418 de la misma norma. Ambos preceptos indican que constituye una falta muy grave o grave de los jueces la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales. Esa conducta será castigada con advertencia, multa de hasta 6000 euros, traslado forzoso a un juzgado o tribunal con sede separada en más de 100 kilómetros, suspensión de hasta tres años y separación. Sin embargo, también existía la opción de presentar una denuncia por la posibilidad de entender la conducta de la juez Ángeles Núñez Bolaños como un delito de retardo malicioso, castigado en el artículo 449 del Código Penal con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años, ya que la comisión de este delito requiere, según la Sentencia del Tribunal Supremo 2135/2003, de 20 de enero, que, con malicia, se produzca “el retardo en proveer lo que el desempeño del deber y el acatamiento de la ley exigen, y ese retardo bien puede ser consecuencia de una conducta meramente omisiva de dejar de resolver aquello a lo que el juez está obligado, o de una acción positiva, supeditando la obligada resolución al cumplimiento de trámites inútiles, o injustificados que provocan una dilación en la resolución que, sin aquellas trabas, no habría tenido lugar”, factor que parece posible encontrar en este caso.