Mucho molesta al gobierno que Vox defienda la objección de conciencia de los padres ante el contenido que pervierte a sus hijos. Según ellos nadie puede disentir de un sistema educativo hecho a imagen y semejanza de la ideología de género, dogma impuesto que todo el mundo tiene que aceptar.

Es muy positivo que Vox plantee la batalla en esta materia para oponer resistencia a esta imposición ideológica en las aulas y que lo haya llevado al debate público. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció ayer que recurrirá por la vía judicial contra cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado” como el pin parental que Vox exige aplicar en las comunidades de ­MadridAndalucía Murcia para aprobar los presupuestos autonómicos.

El pin parental obliga a los padres a autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar. Pueden vetar así la presencia de los niños en talleres preparados por sus docentes en horas lectivas en las que se traten temas que no sean de su agrado, como la diversidad afectivo-sexual. Se trata de una especie de “objeción de conciencia” que no está contemplada en la legislación española, por lo que el Gobierno impugnará su aprobación.