El actual gobierno municipal de Ahora Madrid, es decir, de Manuela Carmena, ha perpetrado una significativa modificación en las estructuras organizativas de las Juntas de Distrito que afectan notablemente a los Servicios Públicos Culturales del Ayuntamiento de Madrid.

Lejos de realizar una reforma que procure profesionalidad, neutralidad, objetividad, estabilidad y despolitización, el gobierno municipal de Ahora Madrid ha buscado llevar a cabo una reforma regresiva y la vuelta a planteamientos ya superados por su nepotismo y arbitrariedad política.

Los puestos de trabajo ocupados por funcionarios de carrera, nombrados en función de criterios objetivos, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, garantizados mediante la superación de un proceso selectivo y un concurso específico de méritos, vienen a ser sustituidos o “complementados”, con la excusa de la “profesionalización o tecnificación”, por dinamizadores, animadores y gestores socioculturales de dudosa designación que, sin haber superado una oposición, podrían consolidar su puesto de trabajo en la Administración aun siendo personal elegido a dedo por el actual equipo de gobierno.

Hace unos meses se produjo la aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid, con la connivencia de CCOO y de UGT (el resto de sindicatos, como CSIF, CITAM y CGT se opusieron) de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que conlleva la desestructuración de los equipos de cultura.

 

Además, el gobierno municipal de Carmena busca que colectivos privados de carácter diverso, como asociaciones y grupos vecinales, adquieran capacidad de decisión en la gestión de los Centros en tareas nada precisadas, que no garantizan en absoluto el mantenimiento de un servicio público para todos los ciudadanos.

 

En definitiva, buscan la externalización de decisiones en el ámbito cultural, llevándolas a pretendidos órganos de participación, como los Foros Locales, ajenos a la estructura organizativa y administrativa municipal, lo que lleva en la práctica a tratar de torcer el cumplimiento de la legislación vigente. No hay que perder de vista que quieren mantener su capacidad de decidir (independientemente de quién esté en el gobierno municipal), incluso sobre presupuesto y gestión económica, pero sin tener responsabilidad alguna, pues esta habría de recaer en el poco personal funcionario que tratan de dejar operativo.

 

Se da la circunstancia de que Ahora Madrid y sus afines siempre se han mostrado en contra de las empresas privadas para la externalización de servicios, a pesar de que sean profesionales y tributan y cotizan a Hacienda y la Seguridad Social y que su selección se realizase mediante criterios objetivos y procedimientos de licitación abiertos.

 

Sin embargo, ahora tratan de dar trigo a sus afines de forma poco o nada transparente: subvenciones directas, cesiones gratuitas de locales y espacios (incluso por tiempo indefinido), contrataciones a dedo, etc.

La actividad cultural, al igual que el resto de actividades de la Administración Pública, debe procurar el cumplimiento de la legalidad con imparcialidad, neutralidad, objetividad, transparencia, eficiencia, etc. y no estar sujeta a los vaivenes de políticas culturales partidistas. Los equipos culturales que han venido desarrollando sus funciones hasta la nueva RPT han funcionado con estos principios y sin deberle el puesto a ningún partido político, se trata de funcionarios, profesionales de carrera. Carmena y su equipo, en especial Nacho Murgui, Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, quieren acabar con el juego limpio.